La demanda es patrocinada por el estudio Robiolo y Asociados, dedicada a la intervención judicial y extrajudicial vinculada a la actividad empresarial, contó la Agencia Télam. El objetivo es conseguir un resarcimiento por los perjuicios económicos sufridos por los acreedores, explicó.
Según la agencia, voceros judiciales explicaron que la presentación es por unos 25 millones de dólares que se suman a la convocatoria de acreedores y a las causas penales en curso.
Las fuentes dijeron que la demanda civil por daños y perjuicios involucra a quienes dirigían la empresa al momento de declararse en default, a los ex síndicos, al auditor que certificó los balances de Vicentin y a las firmas KPMG Argentina y KPMG Internacional, que avalaron los estados contables, refirió Télam.
Los denunciantes pretenden que se investigue la presunta adulteración de los balances, que de comprobarse abriría las puertas para lograr una reparación económica por los perjuicios sufridos en el proceso.
La demanda civil fue presentada poco antes de la feria judicial y buscará probar que se concretó un fraude a través de la adulteración de los balances contables de la aceitera con sede en la ciudad de Avellaneda, que habría permitido ocultar un faltante de 900 millones de dólares, recordaron fuentes judiciales.
Las maniobras, como se ha venido denunciando desde sectores empresarios y legislativos, se habría realizado a través de contabilizar números falsos en el stock de materia prima, que eran elevados en forma ficticia, y minimizar el impacto de la carga de deuda, recordó Télam.
En ese sentido, se habría evitado contabilizar contratos a fijar por 463 millones de dólares en el ejercicio 2017 y por 395 millones de dólares al año siguiente, con el objetivo de obtener endeudamiento en perjuicio de sus acreedores comerciales y financieros, cuenta la nota periodística.
Además solicitaron que se investigue la estructura societaria de Vicentin con filiales en otros países, que en la práctica, a través de empresas off shore, dejaba fuera del alcance de los acreedores los activos de la firma, con lo cual la aceitera podía operar sin tener que responder por sus deudas, refirió la Agencia.
