El artículo Nº 1 del veto rechaza “el proyecto de ley por el cual se suspende en todo el ámbito de la provincia por un plazo de 180 días hábiles las ejecuciones hipotecarias que tengan por objeto viviendas únicas y familiares y cuyo avalúo fiscal no supere los 150 mil pesos”, sancionada por la Legislatura en la sesión que tuvo lugar el pasado 8 de octubre.
El proyecto de Ley fue elevado al poder Ejecutivo para su promulgación y éste lo remitió a la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia para su intervención de competencia. En tanto, el titular de dicha Secretaría requirió a la Dirección General de Rentas (DGR), por intermedio del Ministerio de Economía, un informe respecto del impacto que produciría la Ley sancionada por la Legislatura”, se señala en los considerando del veto.
Según señala, “en dicho informe se aprecia que sólo una mínima cantidad de viviendas quedaría afectada por las ejecuciones hipotecarias debido al alto valor del avalúo fiscal considerado”.
Luego se indica que “de los 307.504 inmuebles por los que se tributa en la provincia, sólo 1609 podrían afectarse a procesos de ejecución, quedando el resto (más del 99 por ciento) exento mediante una suspensión por el plazo de 180 días hábiles.
El veto luego expresa que “en ese sentido, el proyecto de ley sancionado no constituye un modo de proteger la vivienda única, sino una innumerable cantidad de inmuebles de alto valor, pues es de público conocimiento que los valores de avalúos fiscales de los inmuebles no guardan relación con los valores de mercado que tienen los mismos”.
“Si bien es claro que la intención de la Ley es proteger la vivienda única de los habitantes de la provincia, sin por ello condonar deudas, posibilitando a los deudores de menos recursos cumplir con sus obligaciones sin llegar a la venta forzosa de sus hogares, debería considerarse para ello el avalúo de un inmueble de escaso valor, pues lo contrario podría implicar beneficiar a titulares de inmuebles de alto valor en el mercado y que detenten una holgada situación económica y con real capacidad económica para afrontar el pago de sus obligaciones”, se indica en los considerandos del veto.
“Amén de lo expuesto, el proyecto de ley sancionado podría ser entendido como reñido con diversas disposiciones constitucionales atento a la desproporción existente entre la cantidad de viviendas totales y la cantidad de viviendas pasibles de ser afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria”, establece luego.
