Verzeñassi indicó que querían hacer extensivo el conocimiento que iban a tener a partir del pedido de información a toda la sociedad. “La sociedad tiene derecho a saber quiénes son sus vecinos, quienes son los que habitan y definen, sin tener la potestad para hacerlo y con la arrogancia creyendo que el territorio les pertenece, con todas las incumbencias de quienes también somos partícipes del territorio. Que la sociedad lo sepa para poder reclamar a quienes les corresponda”, dijo.
El referente del Foro Ecologista indicó que pensaban que la provincia tenía esa información debidamente registrada, catastrada y relevada. “Simplemente tenían que copiar, imprimir y acercarlo”, indicó. Pero la provincia incurrió, primero en una demora y luego en el incumplimiento del pedido ya que no acercó la información requerida. Desde el Foro Ecologista aseguraron que no les quedo otra alternativa que presentar el recurso de amparo en la Justicia.
El lunes pasado, la vocal de Cámara Contencioso Administrativo, Adriana Acevedo, hizo lugar al amparo ambiental de acceso a información pública que promovieron organizaciones ambientalistas contra el Estado entrerriano, con el fin de que brinde toda la información que posee sobre los dueños de los lotes en el Delta del Paraná. A raíz del volumen de información peticionada, la magistrada estableció que el Estado reúna el material correspondiente al departamento Victoria y lo entregue el 2 de febrero de 2023.
Además, fijó una audiencia para el 13 de febrero en la que el Estado deberá hacer aclaraciones sobre el material entregado y presentar una propuesta de cumplimiento de información respecto de los demás departamentos en la zona del Delta. Así lo resolvió la jueza en su fallo del 28 de noviembre, donde considera que el Estado no cumplió en brindar información en el plazo previsto por la Ley N° 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental, supo ERA Verde.
Verzeñassi destacó el trabajo del juzgado interviniente, a diferencia de otros con los que ha tenido que lidiar por otros temas–resaltó-, ya que trabajó con mucha seriedad y respeto para todas las partes. “Cuando falla a favor de este reclamo, concediéndonos la juez Acevedo todas las razones que hemos argumentado para acceder a ese informe, hemos logrado que se le imponga a la provincia un plazo para hacer saber cuáles son los datos de los registros de los propietarios que tienen ese lugar”, dijo.
La resolución tiene un agregado. Verzeñassi destacó que la provincia tiene 190.000 hectáreas de tierras fiscales. “Y no siquiera a eso lo tenían relevado”, indicó. “Son hectáreas que estaban bajo la tutela de la Secretaria de Producción, ahora en la Secretaria de Ambiente. Que haya estado en el área de Producción daba la idea de cuál era la mirada con la que se observaba a las tierras del Delta. Ahora, bajo la tutela de Ambiente, tienen otra responsabilidad política. Ya no son tierras que tienen que producir sino conservar las condiciones medioambientales del lugar y el ecosistema como tal como elemento vital del territorio que habitamos”, dijo.
El ecologista recordó que, ante un pedido anterior, la Provincia había contestado con una nómina ilegible de personas a las que se les había concedido parte de esas tierras fiscales. “Estaba escrito en miniatura, pero ni con lupa lo podíamos alcanzar a ver”, remarcó. “Eso quedó en evidencia en la audiencia a la que nos convocó la jueza antes de su sentencia”, añadió. “Allí nos dijeron que era muy poco los que nos podían dar porque era de una vastedad tal la cantidad de propietarios, de concesiones y de permisos de uso, algunos en flagrancia, que no podían darnos esa información y nos pedían un tiempo para poder hacerlo”, remarcó. Ahora la jueza la conminó a la provincia a entregar la información en un plazo perentorio en todos los departamentos del delta entrerriano, empezando por el más afectado por los incendios como Victoria. Luego vendrán Gualeguay y Diamante.
Por su parte, el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, solicitó el rechazo de la acción de amparo. Entre los argumentos, señaló que la «información solicitada por el amparista es compleja, y de tal holgura que requiere la intervención de distintos organismos, entes y/o áreas del Estado, como así́ también la afectación de gran cantidad de recursos humanos para posibilitar su suministro». También consideró que los datos solicitados se encuentran amparados por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326. También citó la audiencia de mediación del 7 de noviembre, donde entregó parte de la información solicitada. Entonces, dividió la información respecto a lo que es el dominio privado del público y manifestó tener dificultad para reunir toda la información, y no tener mapa interactivo de la misma.
Más adelante, Verzeñassi indico que la sentencia impuso una figura jurídica que establece que el funcionario que debe informar para evitar un daño a la provincia y desista de hacerlo, deberá hacerse responsable con su propio patrimonio. “Si no cumpliera con los tiempos mencionados, cada día que pase es una carga sobre el patrimonio del funcionario en incumplimiento”, dijo.
Por otra parte, el ecologista indicó que el daño que produce la quema es el daño al ecosistema. «El ecosistema es un número inacabable de interrelaciones de un espacio, cualquiera que sea. En este caso, tiene mucho más virginidad, es mucho más silvestre, natural, que un ecosistema urbano que también existen y que tienen una eutrofización (tipo de contaminación química de las aguas) mayor», indicó.
Más adelante, Vezeñassi sostuvo que las Islas del Delta tienen espacios donde se acumula sedimentación que arrastra el río. Por eso la riqueza de los bordes acuáticos terrestres que son los de mayor dinámica biológica. Además alimentan la humedad que precipita las lluvias. «Por eso, van desapareciendo las lluvias como estamos viendo en este momento», dijo.
«El agua dulce del Delta tiene la posibilidad de depurarse para ser tratada como agua de tratamiento y potabilización», indicó.
Pero el ecosistema incendiado provoca una alteración brutal del aire que, por acción de los vientos, que arriman a la población cenizas y gases de quemas que «tienen una altísima carga de toxicidad sobre el organismos vivos». «Particularmente es mucho más evidente en los seres humanos», añadió. Por ello, se incrementó el numero de personas atendidas e internadas por problemas respiratorios y cardiovasculares.
«Con un agravante, esas islas están en una zona por proximidad en contacto con un cinturón industrial que tienen una liberación de enormes cantidades de vapores químicos», remarcó. En el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe, en San Nicolás, Campana, etc. hay muchas industrias químicas cuyos residuos se depositan, en parte, en esas islas. «Los desechos químicos depositados en islas que luego se queman tiene un impacto enorme», añadió.
«Alterar el aire con semejante composición química es un daño penal porque afecta morbi mortalmente, inexorable y fundamentalmente a las poblaciones que respiran. Son grandes difusores de furanos y dioxina que son dos compuestos químicos que tiene capacidad carcinogénica», remarcó.
«Los resultados se ven al cabo de los años. Los daños que vienen haciendo hace años con estas quemas de las islas intencionales enfrente de los espacios donde se industrializa la química, son daños que pueden llegar a manifestarse por los efectos agudos que son los respiratorios o cardiovasculares que hacen una crisis frente a ese aire alterado sino que son los que van generar al cabo de cinco o diez años enfermos de enfermedades degenerativas como alteraciones hematológicas, linfomas, cánceres o sarcomas de tejidos blandos que van a ser el resultado de estas exposiciones que quedan diluidas en el tiempo por el tiempo mismo», remarcó Verzeñassi.
El ecologista dijo que nadie hace un seguimiento de inicio de una enfermedad degenerativa. Eso sería un seguimiento epidemiológico capaces de poner en evidencia cuáles fueron los iniciadores. «Es muy difícil hacerlo pero son componentes que hacen un aporte enorme a un conjunto de otros determinantes que producen estas enfermedades», sostuvo.
«En los países desarrollados que se industrializaron mucho antes que nosotros, como EEUU, hace 30 años que busca identificar los puntos de chatarra, de sacrificio, donde enterraron químicos remanentes de alguna industria o se depositaron en ese tipo de difusión en el aire esos químicos que después comienzan a hacer estragos», indicó. En 1990, ya tenían identificados 30.000 espacios a sanear por los daños ocasionados. «En nuestro territorio, eso no existe desgraciadamente», indicó.
Por ello, remarcó a quienes tienen a cargo las ingenierías de saneamiento ambiental que ocupen a los jóvenes recibidos en la identificación de esos lugares que están produciendo un daño actualmente. «Mucho peor cuando los queman porque son quemas incompletas. No son realizadas dentro de hornos de alta temperatura. Son a cielo abierto liberando estos componentes de altísimo impacto, de altísima capacidad degenerativa como son las dioxinas y los furanos», sostuvo por último Verzeñassi.
