El 23 de julio vence la moratoria jubilatoria actual que rige desde el 2014 y que, al igual que la del 2003, permitió que millones de adultos y adultas mayores que se encontraban desprotegidos por el régimen general de jubilaciones fueran incorporados al sistema previsional. Solo en la segunda mitad del 2022 se calcula que entre 100 y 120 mil mujeres de entre 60 y 64 años podrían verse perjudicadas. Por este motivo es que, hace ya varias semanas, varios proyectos de ley están circulando por el Congreso con el objetivo de dar una respuesta a esta situación. El de mayor peso – ya que es el que el proyecto que el oficialismo planea sancionar una vez finalizado el receso invernal – es uno que viene con amplio acompañamiento del Senado y que crea un plan de pagos de deuda previsional.
Esta iniciativa contempla un plan de pagos mensual equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible (muy similar a lo que aportan hoy les trabajadores en actividad) y que será descontado de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. Esto es para el caso de las personas que estén en edad de jubilarse y no tengan los 30 años de aportes, pero también existe otra opción para aquellos que les falte todavía para jubilarse y que quieran ir cancelando con anticipación su deuda previsional: «Esa es la novedad: si vos sos tenés 55 años y te das cuenta que en 10 años no vas a llegar con los aportes podes adelantarte e ir cancelando de tu bolsillo», explicó a este diario Mariano Recalde, senador autor del proyecto junto a Anabel Fernández Sagasti.
«A partir del 23 de julio, nueve de cada 10 mujeres no va a poder jubilarse y siete de cada 10 varones tampoco», advirtió la diputada Gisela Marziotta, quien también presentó un proyecto de ley que prorroga la moratoria vigente hasta que se sancione el plan de pagos. A tan solo una semana de que venza el plazo, sin embargo, Marziotta es conciente de que ya no hay tiempo para sancionar su ley y por eso, como muchas otras diputadas del FdT, está reclamando que el Ejecutivo intervenga: «Siempre esta la posibilidad que esto salga por decreto y se resuelva muy rápido», subrayó. De no prorrogarse, se calcula que cerca de 800 mil personas – 477 mil mujeres y 295 mil hombres – dejarían de poder acceder a una jubilación y tendrían que conformarse con la PUAM, esa pensión universal que sancionó el macrismo allá por el 2016 que representa solo el 80 por ciento de una jubilación mínima y a la que se puede acceder recién a partir de los 65 años. «Con lo cual si no prorrogamos la moratoria lo que indirectamente vamos a hacer es bajar la jubilación y elevar la edad jubilatoria (NdR: la edad jubilatoria para las mujeres es de 60 años). Porque la persona que no pueda acceder a una moratoria va a caer, esa palabra que le gusta al macrismo, en la PUAM», ironizó Marziotta e insistió: «Nosotros no podemos dejar que los trabajadores y trabajadoras caigan en la PUAM».
Alertados por la cuentaregresiva, les diputades del FdT comenzaron a tratar el proyecto hace un par de semanas en la comisión de Previsión y Seguridad Social, muy pocos días después de que hubiera conseguido la media sanción en el Senado. Las reuniones son todavía de carácter informativo – en el último encuentro participaron funcionarios de la ANSES, dando cuenta del aval político que su titular, Fernanda Raverta, está dando al proyecto -, por lo que las expectativas de poder avanzar en una sanción previo al 23 son nulas. «La construcción de consensos lleva tiempo. Estamos en un buen camino, pero en el mientras tanto necesitamos que la moratoria vigente se prorrogue», destacó la presidenta de la comisión de Previsión, Marisa Uceda. Todos las miradas apuntan, entonces, a Alberto Fernández y la posibilidad de que firme o no el decreto. Desde ANSES advirtieron a este diario se estaba evaluando prorrogar la moratoria actual hasta la aprobación de la ley, pero desde Presidencia no lo confirmaron ni desmintieron. «Nosotros somos una fuerza política que tiene una historia de inclusión previsional, el universo de jubilados y jubiladas siempre siempre se amplió con gobiernos peronistas. No me gustaría que esto fuera la excepción», advirtió Uceda.
El panorama en Diputados, habitualmente hostil para el oficialismo, es más auspicioso en esta ocasión. El proyecto fue aprobado en el Senado con el acompañamiento del rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quinta y la cordobesa Alejandra Vigo, lo que en Diputados se traduce en varias adhesiones: dos diputados misioneros, dos rionegrinos y tres cordobeses. Esos diputados, sumados a les 117 del FdT y, muy probablemente, les 4 de izquierda (quienes tienen su propio proyecto de moratoria) dejan al oficialismo en una posición más cómoda. El titular del Interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, no mira tampoco con malos ojos el proyecto. En el caso de Juntos Por el Cambio, que votó de forma dividida en el Senado (algunos votaron en contra y otros se abstuvieron), se espera que presenten su propio dictamen de minoría con una propuesta de prestación proporcional. «Yo tengo la expectativa de que esto se apruebe porque no podemos perder un derecho en democracia, especialmente durante un gobierno nacional y popular», cerró Recalde.
