Velázquez fue sentenciado a 14 años de prisión por este crimen. El magistrado lo condenó además –al agente y a la provincia de Santa Fe– a indemnizar con 170 mil pesos a los familiares de la víctima. En el marco de la investigación sobre la represión en esa ciudad, el gobierno provincial puso a disposición de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja todo el material disponible sobre los movimientos policiales en esos días.
El agente Velázquez patrullaba el barrio rosarino de Las Flores durante la tarde caliente del 19 diciembre. Cuando el móvil 2270 del Comando Radioeléctrico en el que se desplazaba junto a otros dos policías pasó frente a la escuela Mariano Serrano, desde la terraza del edificio les gritaron que no tiraran porque había muchos chicos allí. Se escucharon también algunos insultos. En ese momento –según señaló en su fallo Genesio–, “el patrullero se detuvo y descendió Velázquez, quien efectuó un disparo hacia las personas que estaban en el techo”. La bala que salió de la Itaka calibre 12/70 del policía impactó directamente en la traquea de Lepratti, que intentaba frenar el ataque, y lo mató.
La investigación de la causa fue realizada por el Juzgado de Instrucción 13 a cargo de Osvaldo Barbero, que había ordenado la detención de Velázquez siete días después de la muerte del militante rosarino. En la reconstrucción del crimen hecha en el expediente, la versión policial era que “desde los fondos de la escuela habían sido agredidos por un grupo de personas que estaban sobre el techo, primero con insultos y luego arrojando piedras y cosas contundentes al móvil, resultando con algunos daños, por lo que (los policías) retrocedieron y en ese momento sintieron dos detonaciones de armas de fuego”.
El caso de Pocho Lepratti se inscribe en los trágicos sucesos del 19, 20 y 21 de diciembre de 2001 en Rosario, que dejaron siete personas muertas luego de la represión policial, y es además el único expediente que tiene una condena. De todos modos, los familiares del agente sentenciado aseguraron que apelarán la resolución, ya que entienden que no están todos los culpables. Del mismo modo, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación se constituyó ayer en Rosario a pedido de la Comisión Investigadora No Gubernamental y de los Familiares de las Víctimas de la masacre de diciembre de 2001. El objetivo central era reunir nuevos testimonios que permitieran señalar a los responsables de las siete muertes ocurridas entonces, para lo cual se entrevistaron con testigos de identidad reservada, además de jueces que entendieron en estas causas, el Procurador de la Corte Jorge Bof y con el ministro de Gobierno Roberto Rosúa. Justamente el titular de la cartera política se comprometió a «brindar los archivos donde quedaron asentadas las órdenes que recibió la fuerza policial, que partieron desde la primera línea del gobierno provincial, que en ese entonces ocupaba Carlos Reutemann», según afirmó el diputado nacional socialista Eduardo Di Pollina, uno de los cuatro miembros de la Comisión de Derechos y Garantías.
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Para el juez Genesio “no se ha acreditado que las personas que estaban sobre la escuela hubieran agredido con disparos a los policías”. “Aunque hubiesen recibido agresiones por medio de piedras y demás objetos contundentes –señaló el magistrado en su fallo emitido el jueves–, no se justificaría bajo ningún punto de vista que se disparara sobre un grupo de personas.”
Genesio aseguró que “la intención de Velázquez fue la de matar, ya que al disparar con una escopeta a corta distancia, necesariamente debería tener conocimiento de lo letal de dicho disparo; es decir que cuando efectuó el mismo su intención fue quitarle la vida”. El juez descartó que Velázquez ignorara la clase de cartuchos con los que estaba cargada su arma.
