La nota señala que la pintada fue un acto realizado artísticamente por tres jóvenes que “le pusieron manos y corazón al deseo de millones de seres humanos: Paz y Amor. No se trató de una travesura juvenil ni un vacío gesto de rebeldía sino de un acto consciente que pretendía dejar un testimonio y un mensaje de altísimo valor ético”.
Los jóvenes invitaron a la sociedad a reflexionar sobre la “sinrazón de entronizar un instrumento de muerte como es este tanque de guerra que no tiene ningún lazo con gesta patria alguna y que si alguna función cumplió para el Ejército Argentino no pudo ser otra que la de reprimir a los propios ciudadanos argentinos ya que no participó en Malvinas”.
El escrito fue firmado por la Asociación Civil Barriletes, C.T.A. Entre Ríos, C.T.A. Paraná, Asociación Judicial de Entre Ríos C.D. Central (A.J.E.R.), Asociación Judicial de Entre Ríos Filial Paraná (A.J.E.R. Paraná), Movimiento 20 de diciembre, Centro de Estudiantes Facultad Cs. De la Educación , Centro de Estudiantes de Ingeniería (UNER), sitio www.accesolibre.org, La Red de Participación Popular, Todos por Fernanda, H.I.J.O.S. (Paraná), AGMER Provincial, AGMER Paraná, SIMECA E.R. (Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes), etc.
“No hay nada reprochable en la conducta de estos jóvenes” señala la nota y solicita solidaridad, admiración y coincidencia por intervenir en “una chatarra que en sus épocas activas intervenía con pólvora y metal para segar vidas humanas”.
Calificaron al papel del estado municipal como “lamentable, ridículo y preocupante”. En el decreto Nº 33 se puede observar “una rémora de épocas que pretendemos dejar atrás manifestándose insólitamente que las palabras Amor, Paz y Argentina escritas por los tres jóvenes, agravian a la comunidad de Oro Verde”.
El “colmo de la desmesura” fue la sugerencia de un encuadre penal de la pintada como una “asociación ilícita” (art. 210 C.Penal) con penas de prisión o reclusión de entre tres y diez años y ordena la formulación de la denuncia penal respectiva.
Por su parte, el Juez de Instrucción Héctor Vilarrodona, aceptó ésta “nueva teoría de los dos demonios, donde cualquier expresión que enfrente, aún pacíficamente, las decisiones autoritarias del poder, debe ser perseguido y castigado, resuelve procesar a los tres jóvenes por una causa que no debiera tener otro destino que el archivo”.
Los autores de la nota no dejaron de subrayar el contexto actual, donde la impunidad sigue siendo “moneda corriente en nuestro país” y citaron el asesinato de Carlos Fuentealba, la desaparición de Julio López, la desaparición de Fernanda Aguirre, la militarización de Santa Cruz, y la recientemente sancionada ley «antiterroristas.
“La ridiculez no debería provocar más que lástima o vergüenza ajena pero, en este caso particular, la intervención de un intendente con asesoría letrada y todo, y de la justicia penal entrerriana ubican toda esta sinrazón en un camino sinuoso que puede terminar afectando seriamente a tres jóvenes y sus familias”, expresan.
Por lo tanto, hicieron pública su solidaridad con los “pintatanques” y expresaron el “más enérgico rechazo a la actitud del Municipio así como al procesamiento dictado por el Juez de Instrucción que entiende en la causa. El procesamiento debe ser rápidamente revocado atendiendo a un elemental sentido de justicia y sentido común”.
