Otra cuestión que se planteó en la reunión es la preocupación por la falta de estadísticas firmadas por los médicos locales, ante casos de intoxicaciones; y mencionaron el problema que implica la disposición final de los envases de agroquímicos.
Al término del encuentro, se acordó convocar a una reunión a miembros de los tres poderes y a personal policial “para informarles acerca de la desprotección que tiene el habitante rural entrerriano ante los problemas ambientales”.
En diálogo con el diario UNO, Carlos Díaz, integrante de la asociación SOS Villaguay, comentó que gran cantidad de vecinos participaron de la reunión, entre ellos integrantes de organizaciones no gubernamentales de la ciudad; tales como la Asociación por Villaguay y San Salvador, docentes responsables del Proyecto Educativo de escuelas primarias, responsables del centro de salud de Lucas Sud II, integrantes de la mesa de gestión del CIC, de la Junta de Gobierno de Lucas Sud I, representantes de apicultores rurales, y de Mujeres Campesinas. “En esta zona se lleva adelante un proyecto educativo sobre medioambiente desde hace tres años, y es a partir de allí que comenzamos a intercambiar ideas”, comentó Díaz.
En la reunión, entre otros temas, también se habló de la problemática de la utilización descontrolada de agua superficial y subterránea; la falta de respuesta del Estado ante los problemas ambientales, el miedo de la población a realizar denuncias.
En este sentido, las ONG que participaron de la reunión comentaron que la gente recurre a ellos ante las infracciones cometidas, por temor a realizar las denuncias.
“Se habló de máquinas ilegales, del lavado de las máquinas en los arroyos, la necesidad de identificación de las maquinarias, y la falta de estadísticas, Cuando hay personas intoxicadas y aunque se sabe que es por productos agroquímicos, los médicos no firman que lo que tienen es un diagnóstico de intoxicación por fumigación”, explicó Díaz.
También señaló que “los pobladores rurales se encuentran en inferioridad de condiciones ante quien comete el delito ambiental, pues generalmente se trata de un vecino con cierto poder o influencias, o bien es alguien que no habita en la zona y manda a realizar el trabajo desde un punto lejano de la provincia, el país o el extranjero”.
El ambientalista mencionó que existe una legislación vigente que nadie cumple y que nadie hace cumplir, “ya que los organismos de control de Paraná intervienen muy pocas veces y en general lo hacen tarde”, afirmó.
En ese marco, los participantes acordaron que “es el Estado el responsable de aplicar sanciones a quienes transgredan la ley, y es el único que debe ejercer su función de contralor”.
Por eso, a modo de conclusión, decidieron citar a los representantes del Estado a una reunión para el viernes 14 de noviembre, ya sean del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, o auxiliares de la Justicia para informarles acerca de la desprotección que tiene el habitante rural entrerriano ante los problemas ambientales.
El objetivo del encuentro es que se puedan “consensuar medidas que acuerden con lo expresado por el gobernador de la provincia de hacer del campo y la ciudad un lugar digno para la vida y la producción”, dijo Díaz.
Y expresó su preocupación por el alto nivel de desmonte que se produce en el departamento Villaguay: “Se calculan que van más de 110.000 hectáreas desmontadas en los últimos 10 años”, aseguró.
