Como dato vale decir que en abril pasado, el coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, presentó la querella de Hugo Adur por la desaparición de su hermano el sacerdote Jorge Oscar Adur. El Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos le otorgó poder a los abogados Ramón Leguizamón y Jorge Horacio Olivera en la causa “Ministerio público Fiscal s/ investigación delitos de Lesa Humanidad” Expte. Nº 1-18239/04 que se tramita en el Juzgado Federal en 1ª Instancia, con asiento en Paso de los Libres, provincia de Corrientes. En rigor, el juzgado de Oliva que, ahora, procesa a los mencionados militares y civiles vinculados a la represión.
La Polaca funcionó entre 1976 y 1983. Allí fueron torturados y permanecieron en cautiverio la mayor parte de las personas secuestradas cuando intentaban cruzar la frontera. También allí eran llevados los militantes enviados al puente internacional que separa Paso de los Libres de Uruguayana con el objetivo de que delataran a sus compañeros. La resolución de Oliva destaca que el Destacamento también mantenía a personas secuestradas en un lugar denominado “Local 13”, dentro de un predio de Gendarmería Nacional.
Los procesamientos, según lo consignan publicaciones correntinas y que difunde el diario porteño Página 12, abarcan a los tenientes coroneles José Luis Marchissio y Héctor Mario Juan Filippo, al suboficial mayor Ricardo Fernández y los miembros del “personal civil de Inteligencia” (PCI) Rubén Darío Ledesma (encargado del centro clandestino), Carlos Faraldo, Víctor Irineo Aldave y Carlos Fidel Ramón Waern, autor del primer informe que describió el funcionamiento de La Polaca, que dio inicio a la causa judicial. El magistrado los sindicó como miembros de una asociación ilícita y coautores de la privación ilegal de la libertad y los apremios ilegales contra Luis Rolón. En los casos de Simón, Riu, Faraldo, Aldave y el policía Julio Simón, también los procesó por los secuestros y tormentos contra Lorenzo Ismael Viñas y Jorge Adur, ambos desaparecidos luego de ser trasladados a Campo de Mayo, y el de Silvia Tolchisnky. Todos fueron embargados por cifras que van de los 50.000 a los 200.000 pesos. Marchissio, Ledesma, Faraldo y Aldave ya estaban detenidos en el Regimiento de Artillería 3 de Paraná.
