“Lo primero que debe decirse sobre el programa acordado es que resulta completamente desatinado aplicar un plan de ajuste en las actuales circunstancias del país. Más aun cuando el endeudamiento excepcional e irregular por monto, otorgamiento, desembolso y falta de contralor por fuga es más imputable al FMI que al país”.
“La sociedad argentina carga con dos años de pandemia que agravaron la situación de por sí complicada que había producido la política aplicada durante los cuatro años del gobierno de Macri. Durante el año pasado, la economía argentinas experimentó una reactivación con un elevado crecimiento de la producción y una pequeña recuperación del empleo y la pandemia. La misma alcanzó para retornar a los niveles prepandemia en algunos indicadores, pero la mayoría de estos aún se encuentran muy por debajo de los existentes antes del gobierno de Cambiemos”.
“La brutal contracción de la economía durante el gobierno de Macri (tarifazos, devaluaciones, pérdida de salario, cierre de empresas y comercios, etc.) se produjo por la aplicación de las mismas políticas que ahora nuevamente exige el Fondo. Se recomienda observar atentamente los índices del bienio 2018-2019 cuando se aplicaron las políticas económicas contractivas con mayor intensidad”.
Por otra parte, se sostiene que la aplicación del presente acuerdo no solo no van a solucionar ninguno de los problemas estructurales de la economía bimonetaria argentina, los van a agravar. “Los programas del Fondo no son apropiados para promover el crecimiento ni tampoco para con rolar la inflación, ya que ese no es ni será su propósito. Nunca cumplieron un rol antiinflacionario en la Argentina, por el contrario: en los períodos de vigencia de acuerdos con el FMI, la inflación promedio fue más elevada por la razón de que las medidas que impulsa el Fondo la aceleran. Por ello, el presente ‘acuerdo’ deberá ser revisado”.
“Lamentablemente la propia realidad económica, política y social que va a vivir la sociedad argentina en los próximos tiempos, va a imponer la exigencia de su revisión ante la ausencia de racionalidad en su formulación”, indicó.
En otro párrafo del documento, se deja en claro en modo alguno el análisis implica el desconocimiento de la deuda. “Los 44.500 millones de dólares que constituyeron el desembolso del préstamo original de 57 mil millones de dólares entraron a la Argentina de modo contante y sonante”, indicaron.
“Nuestra fuerza política puede dar testimonio de que siempre tuvo que hacerse cargo y pagar las deudas que tomaron los gobiernos de signo político e ideológico opuesto. No sólo en el año 2005 con el pago al FMI y las reestructuraciones 2005-2010 en la deuda defaulteada en el 2001. En el año 2012 se pagó el Boden 12 emitido en febrero de 2002 para compensar a los ahorristas que sufrieron el congelamiento y la devaluación de sus depósitos bancarios durante la aguda crisis económica y social del país en el 2002-2002 y que pasaría a la historia con el nombre de ‘corralito’”.
“El problema no es firmar con el FMI. Está claro que si tenemos una deuda con el FMI, tenemos que firmar un acuerdo con ese organismo. El problema no es firmar. El problema es que se firma”.
Además se sostiene que el reconocimiento de deuda «no implica olvido alguno de las responsabilidades que se están discutiendo en sede penal. También exigirá una revisión y un concepto diferente de estrategias de negociación en el marco de aquella revisión”.
