El tribunal porteño ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que accedieron a la vacunación y que debe investigar penalmente a todos los que recibieron las primeras dosis de Sputnik V dentro del ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para justificar cómo accedieron a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus.
Cabe destacar que, en su momento, Capuchetti ordenó archivar la investigación sobre las personas que fueron vacunadas ya que, mientras los medios macristas decían que era «veneno», la vacuna solo estaba destinada a grupos estratégicos. «En el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación», evaluó la jueza.
Para Capuchetti, había una diferencia entre los cuestionamientos éticos y los penales. En todo caso sí era un tema que puede ser evaluado por «la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo».
También vale recordar que de la lista de 70 personas que, en principio, fue reportada por el Hospital Posadas, sólo cinco no cumplían con las condiciones necesitadas en ese momento para acceder a la vacuna.
