Rodríguez Signes consignó que fue promovido por la oposición a pesar de que había otras vías de discusión. Entre ellas, mencionó que hubo una interpelación a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, en la Cámara Baja donde dio las explicaciones del caso. Además hubo una presentación ante el poder Ejecutivo. “Una suerte de pedido de acceso a la información pública. O, por lo menos, con ese formato”, dijo Rodriguez Signes a “Tarea Fina” (Radio Ciudadana-FM 89.7).
En consecuencia, explicó que la apertura de esas vías procesales alternativas es la razón formal por la cual se oponen a los amparos. “La ley de procedimientos constitucionales establece que no puede haber accion de amparo si el interesado abrió vías procesales alternativas”, remarcó Rodríguez Signes.
Ayer se supo que la Justicia hizo lugar a un amparo interpuesto por diputados de Juntos por el Cambio que solicitaron al Poder Ejecutivo en el mes de febrero que se de a conocer la nómina de funcionarios vacunados por ser considerados “esenciales”. Con el patrocinio de Juan Carlos Arralde, el juez Hugo Perotti ordenó este lunes al Gobierno “que en el plazo de cinco (5) días provea la información pública solicitada oportunamente y no evacuada consistente en la nómina de funcionarios públicos del Gobierno de Entre Ríos, que en virtud de haber sido considerados y/o calificados como ‘personal estratégico’ fueron inoculados con alguna/s dosis de la/s vacuna/s contra el Covid 19, fecha de su inoculación y especificación de la tarea de gestión, conducción y funciones estratégicas desarrolladas por cada uno de los funcionarios vacunados que merecieran haber sido incluidos en el listado en cuestión”.
Yendo al meollo de la cuestión, el funcionario explicó que las vacunaciones son actos médicos. “Desde el punto de vista del ministerio de Salud, requieren el consentimiento de quienes recibieron las vacunas para dar a conocer sus nombres por más que sean funcionarios públicos”, remarcó.
Y el tercer elemento que fundamenta la apelación al recurso de amparo es que el Fiscal sostiene que en la demanda se asegura que las vacunas se las administraron en forma irregular. “Es decir, por fuera del protocolo del ministerio de Salud de la Nación. Lo cual no es verdad”, expresó.
El fiscal de Estado dijo que no se puede comparar lo que sucedió en Entre Ríos con lo acontecido en la Nacion cuando renunció Ginés González García, en medio del escándalo por el vacunatorio VIP. Su sucesora al frente del Ministerio de Salud, Graciela Vizzoti, dio a conocer el listado de los funcionarios públicos que recibieron las vacunas. Rodriguez Signes señaló que en ese caso, fueron irregularidades cometidas dado que se inmunizaban en oficinas del ministerio de Salud y no en los hospitales.
“La resolución final será del Poder Judicial. “Pero como Fiscalía de Estado pedimos informes al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud nos labra un informe y nosotros contestamos en base a ese informe”, indicó.
De ahora en más son tres días hábiles para que Fiscalía responda al recurso de amparo. Una vez que la contestacion esté en el STJ, el órgano judicial deberá decidir. Rodríguez Signes no cree que tarde mas de una semana.
