USURA Y FALTA DE SINTONIA FINA : Las “mutuales” esquilman a trabajadores municipales, provinciales y jubilados

En diciembre de 2011, la presidenta Cristina Fernández anunció un decreto para limitar el costo de los créditos a jubilados y pensionados mediante el sistema de código de descuento. Desde ese momento, las mutuales, cooperativas y demás entidades que conceden préstamos no pudieron cobrar más de cinco puntos porcentuales sumados a la tasa del 25 % promedio que aplica el Banco Nación por el mismo tipo de financiamiento. La medida que acabó con los abusos que las entidades financieras cometen con los sectores más vulnerables como los jubilados. En el mismo segmento pueden ubicarse los trabajadores. Pero no se observa la misma decisión política ni en la Provincia ni en Concordia donde no hay tope a los intereses de los créditos ofrecidos por las mutuales. Incluso, hay proyectos legislativos que apuntan en esa dirección pero dormitan en los cajones de la Legislatura y el Concejo Deliberante. 

El diputado provincial Juan José Albornoz (FPV-Gualeguay) presentó un proyecto en línea con lo que disponía el decreto tendiente a limitar la tasa de interés para los préstamos destinados a los empleados del sector público, tanto activos como pasivos. El legislador apuntó que, de esa manera, “se defiende el salario de los trabajadores” de los “intereses abusivos”. Al mismo tiempo, el legislador sostuvo que muchas veces los bancos incluyen en las tasas de interés el cálculo que implica el riesgo de no poder cobrar el préstamo en su totalidad. Pero los créditos otorgados a los empleados, debido a los códigos de descuento, son debitados del sueldo en forma automática. “Como todos sabemos tienen una ‘cobrabilidad’ del 100 %”, indicó.

Albornoz sostuvo que, en la actualidad, los préstamos tienen “tasas usurarias”. Y  que el proyecto establece “una variación de más pero limitada”. “Nosotros consideramos que el mecanismo no atenta contra ninguna capacidad de prestar de las mutuales, que a veces es la única posibilidad que tienen los trabajadores de acceder a un préstamo pero elimina esa cuestión que consideramos que no corresponde que la propia administración pública convalide el recobro de préstamos con tasas abusivas”, señaló.

“Creo que en el espíritu del mutualismo no está abusarse de nadie. Al contrario, el espíritu del mutualismo es la solidaridad y la ayuda mutua y hace a la economía social. Creo que son desvirtuaciones que han ido ocurriendo en el tiempo”, aclaró.

El proyecto fue respaldado unánimemente por el bloque del FPV además de los restantes de la oposición. “Se discutió mucho en la comisión y fue respaldado en el recinto por expresiones de la mayoría de los diputados porque traía justicia”, señaló.

No obstante, la iniciativa se paralizó en el Senado. El legislador dijo que no sabía en que comisión se encontraba pero, al mismo tiempo, se preguntó porque los senadores no han considerado aún la iniciativa. “capaz porque no la consideran importante, porque tienen otras prioridades o porque no están de acuerdo. Considero que deberían hacerlo pero no me corresponde a mí hacer presión ni nada por el estilo”, manifestó.

Con la misma tesitura, se presentó un proyecto de ordenanza en junio de 2011 por parte del concejal Miguel Guitar (FPV) en Concordia. Allí establece la creación de un sistema de regulación de emisión de préstamos que instale un marco regulatorio al otorgamiento de de los préstamos personales que se ofrecen por código de descuento y cuyas cuotas se debitan automáticamente.

El proyecto establecer un límite máximo para el costo de los préstamos que no puede exceder en un 5 % adicional la tasa informada mensualmente por el Banco Nación. Al mismo tiempo, define un límite al descuento del pago de los préstamos otorgados. “El descuento no podrá superar el 20 % del monto del haber del trabajador”, se señala. Respecto del porcentaje de descuento, el edil lamentó que haya casos en que la retención supere el 90 % del haber mensual.

Al mismo tiempo, establece que las liquidaciones deben ser instrumentadas por la Dirección de Liquidaciones, que las entidades que otorguen los préstamos deben informar a la secretaría de Hacienda el monto de la operación, la cantidad de cuotas, etc. y en los casos en que el agente municipal tenga más de un descuento en el mes, el orden de los débitos será cronológico.

En los fundamentos del proyecto, Guitar señala que el empleado municipal está inmerso en un sistema financiero que lejos está de ofrecerle una salida “sana y confiable”. “Muy por el contrario, muchas veces enfrentan, en las solicitudes de préstamos, comportamientos usurarios por parte de las entidades que conllevan un costo financiero total y absolutamente excesivo”, expresó.

Más adelante, Guitar señala que los trabajadores municipales deben recurrir a un nuevo préstamo para cubrir las cuotas de aquellos que tienen vigentes, “con lo que ingresan a un círculo vicioso del cual es muy difícil salir”.

Asimismo, argumentó que las entidades operan a muy bajo costo, con un riesgo prácticamente nulo, ya que al ser debitados en el recibo de sueldo del trabajador, la entidad se asegura el cobro todos los meses. “La mora que tienen es ínfima”. Y dijo que la decisión de acotar los descuentos beneficiaria directamente al comercio local que recepcionaría la diferencia entre lo que los empleados cobran en la actualidad y lo que percibirían si se aplicara la ordenanza.

Guitar fue consultado al respecto pero llamativamente prefirió no opinar respecto de la razón por la que no avanzó el proyecto en el Concejo. No obstante, elaboró un muestreo de los descuentos en tres secretarías: Salud y Desarrollo Social, Servicios Públicos y Concejo Deliberante. En Salud, de 463 empleados, se les realiza un descuento a 402 (86 %), en Servicios Públicos a 496 de 511 empleados (97 %) y en el Concejo a 73 de 82 empleados (89 %). Sumando las tres secretarías, se realizan descuentos a 971 empleados de un total de 1.056 (92 %). Aunque cabe aclarar que los descuentos no sólo corresponden a préstamos financieros sino que también hay embargos judiciales por cuota alimentarias, etc.

Sólo señaló que se trata de una operación compleja dado que el otorgamiento del crédito dejaría de ser automático debido a que previamente se requeriría el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. DIARIOJUNIO intentó contactarse con el responsable de esa repartición, Gustavo Labriola, para conocer si opinaba lo mismo pero no hubo respuesta al llamado telefónico.

Quien si manifestó su interés respecto de la suerte del proyecto fue el vicepresidente del Concejo Deliberante, Mariano Giampaolo, explicó que el proyecto está en la comisión de Hacienda debido a que se solicitó informes y opiniones técnicas a los organismos legales y habilitantes del municipio. “Previo a cualquier decisión, necesitamos los avales y las opiniones técnicas favorables de cada organismo para no chocar cuando se termina el expediente”, dijo. ¿Puede tardar dos años una consulta técnica? “Si, y a veces puede tardar más”, señaló.

No obstante, dijo que hay una “voluntad férrea” de parte del resto de los ediles para que en lo “inminente” se regule esa materia. “El proyecto cuenta con mi voto favorable y con el de varios más de los concejales que no vamos a permitir que se siga tocando el bolsillo de manera tan abusiva”, manifestó.

“Con los intereses de las financieras, al igual que con muchos otros temas como el gas, pasa que los derechos existen, están habilitados por decisiones valientes que tomó el gobierno pero no llegan al interior profundo”, sostuvo.

La resistencia que se observa en municipios y provincias a proseguir con el camino que marca la Nación. Giampaolo atribuyó la atribuyó, en este caso concreto, a la falta de “empoderamiento de la gente y la exigencia de que esos derechos se cristalicen”. El edil remarcó que la ciudadanía  “tiene que bregar” por el cumplimiento de esos derechos acercando las denuncias sobre abusos que puedan cometer en las tasas o en los cargos extras que les cobran las financieras.

Giampaolo dijo que muchos empleados que prefieren pagar altísimas tasas de interés con tal de mantener renovado ese “pseudos y abusivo crédito”. “Son situaciones hasta culturales muy complejas que requiere de un tiempo para que la gente reclamen que le dejen de meter la mano en el bolsillo”, indicó.

Lo manifestado fue avalado por una empleada municipal que cobra más de $ 7.000 pero este mes pudo extraer menos de $ 900 en efectivo, cerca de un 10 %. Al respecto indicó que tiene un trabajo por fuera del municipio lo que le permite contar con dinero en efectivo. Y admitió que recurre permanentemente a los créditos porque no le alcanza el sueldo. Lo extraño fue que desconocía por completo que tasa de interés le cobraban en las mutuales donde había solicitado el dinero. Y admitía que ya están acostumbrados a manejarse económicamente de esa forma.

El edil dijo que también debían ser cautelosos. En ese sentido, señaló que la sanción apresurada de normas puede terminar generándoles un inconveniente como la falta de crédito a los trabajadores que lo necesitan. “Queremos que la decisión solo tenga efectos positivos y no termine por algún vericueto legal generándole más complicaciones”, manifestó.

Uno de los gremios que presta una ayuda económica es ATE. El titular del sindicato a nivel local, Pedro Pérez, dijo que la ayuda se presta “a los compañeros que andan un poquito complicados porque no le alcanza lo que ganan”. No obstante, aclaró varias cuestiones. En primer lugar, desde el gremio no prestan plata sino que lo hacen dos financieras que no son del gremio sino privadas. ATE sólo garantiza el préstamo. Y la otra es que también ofrecen órdenes de compra para retirar en supermercados, carnicerías y supermercados en casos de urgencia.

El tope de los préstamos es de $ 1.500. “Más de $ 1.500 no autorizamos”, aclaró Pérez.  Respecto de la tasa de interés, señaló que ronda entre el 6 y el 8 % anual. Además señaló que en el municipio cuentan con 600 afiliados y cerca de 350 utilizan los préstamos. “Lo ideal sería que el compañero no tenga que recurrir a esto, que cobren todo el sueldo y que nosotros nos dediquemos exclusivamente a la parte gremial pero es una necesidad para mantener la afiliación. Tenemos que recurrir a estas cosas que uno no está totalmente de acuerdo”, indicó.

Entradas relacionadas