La presentación afirmará que el endurecimiento de los ambientalistas entrerrianos fue consecuencia de las airadas quejas de Kirchner luego de que el Banco Mundial le concediera a Botnia un crédito para construir la planta de Fray Bentos.
El escrito que la Cancillería uruguaya presentó en La Haya el 30 de noviembre: «Las ásperas críticas del presidente argentino, del canciller (Jorge Taiana) y de la secretaria de Ambiente (Romina Picolotti), entre otros altos funcionarios, inevitablemente animaron» a quienes vienen cortando las rutas en Gualeguaychú y, más recientemente, en Colón y Concordia.
En el mismo documento, se califica la actitud oficial ante estas protestas como «aquiescente», «tolerante» y «permisiva». También se hace referencia a la supuesta «mala fe» del Estado Nacional al favorecer los cortes de ruta una vez que fracasara su estrategia antipasteras por la vía legal.
En mayo, la Argentina demandó a Uruguay ante la Corte de La Haya con la tesis de que los proyectos de Botnia y ENCE en la región representaban una violación a un tratado que los dos países firmaron en 1975 para pre servar el río limítrofe. En simultáneo, la Cancillería pidió que, de modo provisional, se mandara a Uruguay a suspender los trabajos: perdió 14 a 1.
Mientras se sigue sustanciando la cuestión de fondo, el lunes 18 a las 10 de la mañana (las 5 en Argentina) va a ser Uruguay el que pida una medida cautelar: pretende que la Corte obligue al gobierno de Kirchner a adoptar las medidas necesarias para «prevenir o dar por terminados» los bloqueos en los puentes.
Su jurisprudencia muestra que este tribunal es más bien remiso a conceder este tipo de reclamos. Sin embargo, Uruguay tiene esta vez un punto a favor acaso decisivo. En la resolución de julio mediante la que se negó a frenar las obras de Fray Bentos, la Corte fue muy clara al invitar a las partes a «abstenerse de cualquier acción que pueda hacer más difícil la solución» de esta crisis; no en vano Uruguay invocó estas palabras casi textuales al solicitar el cese de los cortes de ruta.
Temiendo una tercera derrota, el Gobierno aspira a que Uruguay retire esta pretensión la semana que viene. Es una de las consignas que se llevó el facilitador español Juan Antonio Yáñez.
«Argentina —se hila en el documento— no tomó ninguna acción preventiva frente a estos bloqueos a pesar de que fueron profusamente anunciados, que violan la ley local y que Uruguay reclamó» oportunamente al respecto. Además, se alude de modo elíptico a un argumento ya usado en la controversia del Mercosur y que irritó en Buenos Aires: «En el pasado, Argentina sí usó su poder coercitivo legal para prevenir o poner fin a otros bloqueos ilegales en puentes y rutas».
