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Uruguay respondería hoy a la Argentina por la instalación de las plantas de celulosa

De todas formas, varios medios de ese país dieron cuenta de contactos telefónicos entre funcionarios y directivos durante todo el fin de semana en los que éstos ya habrían comunicado su marcha atrás en la suspensión de las obras, uno de los pedidos hechos por los presidentes Kirchner y Vázquez el 11 de marzo pasado para iniciar negociaciones que destraben el conflicto binacional.
A pesar de esta situación, el mismo diario, citando fuentes gubernamentales de Montevideo, dijo que el gobierno uruguayo confía en que la cumbre presidencial que debió realizarse el miércoles pasado se lleve a cabo esta semana, lo que contradecía versiones surgidas desde Buenos Aires que hablaban de la imposibilidad de que se efectuara dentro de los próximos siete días.
Por otra parte, el secretario de la Presidencia de Uruguay Gonzalo Fernández enviaría mañana al jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, la respuesta al texto de documento enviado el jueves pasado desde Buenos Aires con los términos técnicos del estudio de impacto ambiental que pretende incluir para someter a la firma de ambos presidentes.

Postergaciones

Justamente, la falta de acuerdo en estos términos fue lo que obligó a la suspensión del encuentro que debió realizarse el miércoles en la residencia presidencial de Anchorena.
Vázquez y el canciller Reinaldo Gargano analizaron ayer hasta última hora el nuevo borrador, indicó el matutino.
El vocero de la empresa citado por ese diario y por Ultimas Noticias señalaron que Botnia emitiría un comunicado en las próximas horas para fijar su posición, luego de “leer el informe que el gobierno va suscribir con Argentina”.
De esta forma, según las mismas fuentes, la firma finlandesa, con ese comunicado, “oficializará la decisión de continuar con las obras”.
El punto central por el cual la compañía habría decidido seguir adelante con la construcción de su planta de celulosa en Fray Bentos es que no se habría puesto de acuerdo con el gobierno uruguayo sobre quién abonaría los salarios caídos durante esos 90 días, que implicaría unos 5 millones de dólares, según cálculos de la misma firma.

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