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Uruguay no permitirá que se analicen las palomas muertas presuntamente por contaminación

El viernes 24 tuvo lugar la reunión mensual del organismo. La delegación argentina solicitó a la uruguaya su acuerdo para investigar las muertes mediante una necropsia. Según pudo conocer este diario, hubo quejas y molestia por parte de los orientales por el “incidente palomas”. Oficialmente, tomaron conocimiento del pedido y respondieron que “contestarán oportunamente”, lo cual significa – en el argot propio y burocrático de la CARU – una negativa.
Sucede que hay dos formas de negarse a algo: decir que no claramente, o manifestar que “responderán”, “lo analizarán y verán”. Es decir, se niega a algo una delegación negándose (valga la redundancia) o dilatando el tema y no respondiendo. Ésta parece haber sido la forma elegida el viernes.
El martes 14, un accidente dentro de la planta dejara librado al aire el tóxico polvo del sulfuro de sodio. Además de 15 obreros y 3 mujeres gualeguaychuenses afectadas, en la zona de control aduanero integrado, territorio administrado por la CARU, aparecieron varias palomas y otras aves muertas el mismo día del accidente.
El Administrador del Puente (Píccoli) procedió a elaborar un informe interno sobre el hallazgo, que quedó firmado por él y otro empleado. El informe iba dirigido al Secretario Administrativo de la CARU. Pero – de acuerdo al sistema de funcionamiento del organismo – quedó como nota interna que no se giró a las dos delegaciones nacionales, sino a la Subcomisión de Puentes. De todos modos, la delegación argentina y el Presidente de la CARU, ingeniero Hernán Orduna, estaban en conocimiento del tema.
Las palomas quedarán en el freezer el tiempo que puedan conservarse en frío, la delegación argentina insistirá en cada reunión mensual y la uruguaya dirá que lo está pensando. Hasta que las palomas sean declaradas definitivamente en mal estado.
Los datos del accidente dentro de la planta como la posible relación de la muerte de animales con dicho evento, serán enviados por Argentina a la Corte Internacional de La Haya como pruebas complementarias del caso presentado por nuestro país. La negativa a que sean diseccionadas y analizadas es, cuanto menos, sospechosa.

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