Si bien especificó que se trata sólo de presentar la edición final del estudio ante la CTM y las cancillerías argentina y uruguaya, el tema no deja de preocupar, sobre todo del lado argentino, donde aún no se resolvieron los temas legales sobre el resarcimiento a los ribereños afectados por el lago, y dado que el proyecto prevería el aumento de la cota a 36 metros.
En ese sentido, a fines del año pasado, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un pedido de resolución impulsado por el legislador de Concordia Enrique Cresto y el de Federación Orlando Engelmann, solicitándole al Congreso nacional que sancione el proyecto de ley de cota máxima de la presa hidroeléctrica, fijándola en 35 metros. En los argumentos, los legisladores destacaron que dicho tope evitaría el impacto ambiental y daría un marco de seguridad y estabilidad a las poblaciones ribereñas.
Al respecto, el vicepresidente de la delegación argentina de la CTM, Eduardo Harispe, negó tener conocimiento sobre la presentación del proyecto de navegabilidad, al que calificó como desactualizado y sin vigencia. Indicó que, en su momento, se lo descartó por su inviabilidad económica y legal, a partir de la sanción de la Ley Antirrepresas en Entre Ríos. “Lo han reflotado ahora, pero ni siquiera lo tenemos como temario en agenda para la próxima reunión”, indicó a el funcionario.
Sobre la navegabilidad del curso de agua, indicó que se está trabajando en el dragado y balizamiento del Uruguay con el proyecto de llevar el río a 9 pies a la altura de Concordia y dragar la entrada del puerto de Concepción del Uruguay.
Una explicación dada sobre el reflote del tema indica que, con el recambio institucional en el vecino país, que tendrá su correlación en la integración de la CTM, la delegación uruguaya no quiere dejar de entregar el material que costó una buena suma de dinero del presupuesto del organismo.
