La Argentina exigió oficialmente al gobierno de Tabaré Vázquez información sobre un emprendimiento que la compañía Río Tinto, de capitales ingleses y australianos, proyecta instalar en el departamento de Soriano, a la altura del kilómetro 25 del río Uruguay, para exportar millones de toneladas de hierro y carbón mineral hacia los mercados internacionales. El representante argentino ante el organismo binacional, el embajador Hernán Orduna, elevó una petición formal de información sobre el plan en cuestión a su par uruguayo. El proyecto ya provoca rechazos. Un proyecto de una minera multinacional que planea construir un puerto de exportación internacional sobre la margen oriental del río Uruguay encendió una alarma en el gobierno de Cristina Kirchner y podría recrudecer el conflicto en la relación bilateral con el vecino país, de por sí tensa como consecuencia de la instalación de la pastera Botnia en el cauce de agua compartido. Lo hizo ante la contraparte uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en un clima de tensión y con la presunción de que se podría estar desconociendo el estatuto del río. Ocurre que la firma ya tiene compradas las tierras para instalarse en una zona de chacras conocida como La Agraciada y ha iniciado la habilitación ambiental ante Uruguay para comenzar la construcción, prevista para junio próximo. Pero la Argentina no había sido consultada sobre ningún aspecto del plan y, más aún, se enteró de la iniciativa por medio de un portal de Internet, según consta en las actas de la CARU, a las que accedió La Nación. La titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) uruguaya, Alicia Torres, explicó a La Nación que el trámite de la minera está en marcha, pero dijo que el gobierno uruguayo aún no ha concedido la autorización que permitiría empezar la edificación del puerto, que requerirá una inversión estimada en 205 millones de dólares. Un plan estratégico El plan es estratégico para la minera: Río Tinto planea exportar su producción de dos millones de toneladas de hierro que extrae de una mina que explota en Corumbá, en el Mato Grosso brasileño. Y, al mismo tiempo, ingresará carbón mineral para las operaciones de otras 16 empresas que tiene en ese país. Las actas de la CARU indican que la diplomacia argentina se enteró de que el proyecto estaba en proceso de aprobación de trámites ante el gobierno uruguayo por medio de un portal de Internet de la intendencia departamental de Soriano. El representante argentino ante el organismo binacional, el embajador Hernán Orduna, elevó una petición formal de información sobre el plan en cuestión a su par uruguayo. Lo hizo por primera vez el 17 de octubre de 2007, en una sesión ordinaria. Por el lado uruguayo asistió Martha Petrocchelli. «La delegación argentina en la CARU solicita precisiones sobre la veracidad de la información publicada el 12 de septiembre de 2007 en la página de Internet de la intendencia de Soriano sobre el proyecto de un puerto en la desembocadura del arroyo La Agraciada en el río Uruguay», dice en la página dos del acta, que lleva el numero 10/07. La contestación uruguaya, a cargo de Petrocchelli, vino tres meses más tarde: el 25 de enero último. «La delegación uruguaya confirma la existencia de una iniciativa privada en tal sentido», dice el acta, que lleva el número 01/08. «Esa iniciativa, que involucra la construcción de una terminal portuaria en la zona de La Agraciada, está siendo actualmente analizada por el gobierno uruguayo», dice el escrito. Y continúa: «Una vez que el Estado resuelva internamente respecto de esa iniciativa, Uruguay realizará la comunicación a la CARU en cumplimiento de lo dispuesto por el estatuto del río Uruguay», completa. La respuesta no satisfizo a la Argentina, que puso la lupa en la semántica de la contestación. «En el artículo 9 del estatuto del río está claro que la parte que toma la iniciativa tiene que dar información y realizar la consulta previa a cualquier proyecto. No decidir y después comunicar», dijo una fuente diplomática con conocimiento de la disputa.
