La delegación uruguaya lleva dos banderas: la defensa del libre tránsito en las fronteras entre los socios del Mercosur, que considera violado por los piquetes de los que manifiestan contra las plantas de celulosa.
Los ministros de Vázquez procuran que se considere el fallo del tribunal del Mercosur que cuestionó los cortes de ruta y marcó una omisión de la administración Kirchner al tolerar las protestas de ese tipo. Los escritos que llevaron de Montevideo indican que el Tribunal falló por unanimidad al cuestionar «los cortes de las rutas (…) realizados por los vecinos de la ribera argentina del río Uruguay» y al declarar que «la ausencia de las debidas diligencias que [la Argentina] debió haber adoptado para prevenir, ordenar o, en su caso, corregir» el bloqueo determinado por las protestas.
La misión oriental sostiene que tras ese fallo, más allá de que se refiriera a lo ocurrido en el pasado y no diera instrucciones para el futuro, la Argentina no tomó ni una medida para revertir la situación.
Al malestar con la Argentina, motivado porque las autoridades toleran la protesta de los ambientalistas entrerrianos por Fray Bentos y en ocasiones en los otros dos puentes sobre el río Uruguay, se sumó en los últimos tiempos una sensación de que Brasil ha defraudado como socio grande del bloque comercial.
Cuando el Palacio de Itamaraty anunció que problemas de agenda impedían hacer la cumbre del Mercosur antes de fin de año, en el gobierno de Tabaré Vázquez se vio eso como otra actitud de lavarse las manos en un conflicto que para Uruguay no es sólo binacional, sino que afecta al funcionamiento de todo el bloque.
El canciller Gargano tomó conocimiento de que la Argentina no aceptará que el tema sea tratado, pero igual considera que los demás países deberán hacer lugar al reclamo.
Y más allá del bloque regional, el jefe de la diplomacia uruguaya afirmó ayer que la semana próxima se buscará en Europa una solución jurídica internacional. «Estamos esperando la reunión del lunes y el martes en La Haya para plantear medidas cautelares para que la Corte obligue a la Argentina a actuar para evitar que se produzcan (nuevos cortes)», dijo Gargano.
