El pedido de medida cautelar para la detención preventiva de la construcción de las plantas de celulosa mientras se sustancia el proceso por la presunta contaminación que podrían causar tendría un trámite rápido, indicaron expertos en una presentación en la Cancillería.
Los jueces de la CIJ se puden pronunciar antes o después del receso del tribunal de agosto, aunque se prevé una decisión rápida pues existe una urgencia ante el planteo argentino de un posible daño «irreparable», agregaron.
Luego vendrán las actuaciones de la demanda por el supuesto incumplimiento del Tratado del Río Uruguay por parte de Uruguay en el proceso de habilitación de las dos pasteras, que implican en conjunto una inversión de 1.800 millones de dólares.
La delegación que representará a Uruguay en las audiencias de la semana próxima en La Haya estará encabezada por el embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell, el embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, y el embajador uruguayo ante La Haya, Carlos Mora.
También la integran tres defensores estadounidenses contratados, así como miembros del gobierno -el viceministro de Industria, Martín Ponce de León; y la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres- y los juristas uruguayos Edison González Lapeyre y Alberto Pérez Pérez.
Asimismo, contará con una experta francesa y profesora de la Sorbona Brigitte Stern.
Tanto Argentina como Uruguay tuvieron que designar jueces especiales debido a que no cuentan con magistrados en La Haya, por lo cual la CIJ pide que se elijan dos jueces ‘ad hoc’ (para entender sólo en esta demanda). Uruguay escogió a Santiago Torres Bernárdez.
