“He tomado conocimiento que desde el Ministerio Público Fiscal se ha iniciado una investigación que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal. Desde ya rechazo tal posibilidad. Pero a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima, ofrezco mi colaboración en los términos del artículo 16 del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos. Téngase presente”, expresa el escrito presentado en la mañana de ayer por el ex gobernador en relación a una investigación preliminar por presuntas irregularidades con ciertas contrataciones en el marco de la denominada Cumbre del Mercosur de diciembre de 2014.
Con el patrocinio del abogado Marcos Rodriguez Allende, Urribarri se puso a disposición de la Justicia y de los fiscales para facilitar información y colaboración en el proceso. Sin embargo, anticipó su total rechazo a los argumentos de la investigación preliminar: “Fue un evento histórico, nunca antes seis presidentes habían estado en la provincia no obstante la importancia que el MERCOSUR reviste para la economía de Entre Ríos. Si bien se trató de un hecho político de singular importancia, también significó un enorme desafío administrativo y logístico. Tuvimos que disponer de nuestra organización y energía para asegurar el éxito de los encuentros, en el que entre otras cuestiones trascendentales, se discutía la incorporación plena de Bolivia al bloque regional”.
En su presentación, Urribarri dice también que “para afrontar la situación”, desde el punto de vista político, administrativo y presupuestario y encuadrarla legalmente, envió a la Legislatura un proyecto de ley que declaraba de interés provincial la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del MERCOSUR y ordenaba una serie de disposiciones para dar un marco legal a las contrataciones de suministros, obras y servicios inherentes a la Cumbre. “Así, la Legislatura Provincial sancionó la ley 10327 que dió marco jurídico a la gestión administrativa y patrimonial dado que no se podía responder a las necesidades del evento aplicando la legislación común. Al texto de la ley me remito”.
Y explica que de tal modo, para concretar la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur “me regí, en mi carácter de gobernador, por las disposiciones de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, por la Ley Nº 10327 y supletoriamente por la Ley de Administración Financiera Nº 5140 y por la Ley de Obras Públicas Nro. 6351. Los actos y contratos administrativos devenidos de la aplicación de la Ley 10.327 tuvieron, en su caso, la intervención previa de la Contaduría General de la Provincia y la posterior de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, que aprobó lo actuado. De modo tal que se cumplió con el bloque normativo aplicable a la situación”.
En el mismo contexto, Urribarri aseguró también que todo lo que se hizo lógicamente tuvo un “capítulo comunicacional cuyas piezas se confeccionaron y difundieron” bajo la misma cobertura legal. “Además, específicamente en el tema de avisos televisivos, la temática de los mismos fue claramente institucional y de promoción de valores y activos provinciales, no muy diferentes a decenas de avisos protagonizados por gobernadores hablando de su provincia a lo largo de las últimas décadas”.
Finalmente y descartando problemas o irregularidades administrativas sobre el punto, dijo que “estamos todos en peligro si la interpretación de un contenido comunicacional oficial puede constituirse en la base de una acusación penal”, argumentó respecto del cuestionamiento a los cortos televisivos emitidos en la oportunidad.
