El proyecto establece que la Comisión estará compuesta por tres senadores y tres diputados que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos, y tendrá como atribuciones principales: requerir de los organismos competentes, toda la información relacionada con los asuntos a que refiere la iniciativa y la afectación de los recursos públicos en cuestión; convocar a personas físicas o jurídicas a reuniones de información; y formular las denuncias administrativas y/o judiciales pertinentes, ante los diversos organismos competentes, en caso de observar algún incumplimiento normativo.
A su vez, según se establece, la Comisión deberá “adoptar, dentro de su competencia, toda otra acción destinada a lograr una óptima utilización de los fondos públicos ejecutados en las contrataciones concretadas o a concretarse, proponiendo incluso, modificaciones administrativas que procuren optimizar el procedimiento de ejecución del presupuesto”.
Finalmente, se dispone que “la Comisión deberá elevar un informe a las Presidencias de cada Cámara, realizando las observaciones y recomendaciones que considere oportunas”.
Fundamentos
Dentro de los fundamentos del proyecto se detalla que el mismo “se establece en armonía con las atribuciones previstas en nuestra Constitución Provincial (artículo 122, incisos 15, 20, 31 siguientes y concordantes) y tiene como objetivo institucionalizar dentro del ámbito del Poder Legislativo el abordaje de la discusión pública que se ha suscitado sobre las contrataciones que los señores senadores y diputados realizan con su cuerpo de colaboradores a los fines de poder efectuar y enriquecer la tarea legislativa”.
También se señala que “dado que el tema se encuentra judicializado, desde la Legislatura provincial, pretendemos también concretar un trabajo de control y seguimiento de esta temática”.
“Cada poder del Estado es independiente y debe ser capaz de dar cuenta de su accionar de cara a la sociedad a través de sus propios mecanismos. La creación de la Comisión Bicameral supone que ésta pueda acceder a toda la información necesaria para realizar un profundo estudio y análisis de las contrataciones, y una vez culminada esa labor, se ocupe de dar a conocer a la sociedad y en su caso, al Poder Judicial, el estado de la auditoría realizada”, se indica.
