Cabe señalar que con el fin de atender las necesidades habitacionales de las familias de trabajadores entrerrianos con ingresos formalizados y sin vivienda propia que tienen ingreso superior al solicitado para las viviendas de interés social, pero que no pueden a su vez acceder a créditos del sistema bancario tradicional, se puso en marcha este programa que articula la participación de los gobiernos nacional y provincial, los gremios de trabajadores y el Banco Nación.
“Se trata de viviendas a medida del gusto y de las posibilidades de los trabajadores. Este programa lo que tiene de bueno y de distintivo es que el Estado garantiza que la proporción de la cuota en el salario familiar se va a mantener a lo largo de 20 años. La cuota no es ni fija ni móvil, sino que es proporcional al salario. Me parece una gran innovación. Porque es algo justo y a la vez realista”, dijo el gobernador Urribarri, quien no pudo participar de la ceremonia debido a que las condiciones climáticas impidieron su salida por vía aérea tal como estaba previsto.
Luego, el mandatario afirmó: “Vamos poner el máximo esfuerzo en este asunto. Pienso que será un desafío para el Estado, para los gremios estatales y privados y para las familias. Pero un desafío lindo porque nosotros pensamos que hay que construir viviendas en primerísimo lugar para consolidar hogares y familias y después por todo lo que mueve en la economía, pero primero es un asunto de familia”. Dicho esto, destacó que el cupo asignado a Entre Ríos en este programa de vivienda es muy importante.
El rol del Estado
Durante el acto, que contó con la presencia de los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de Planificación, Julio de Vido; la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, y los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y la CTA, Hugo Yasky, y una decena de gobernadores, se firmó el convenio marco para poner en marcha el programa federal de financiamiento habitacional Casa Propia. A través de esta iniciativa, los gobiernos provinciales financiarán un porcentaje del proyecto, la entidad crediticia otorgará los créditos para la construcción de las viviendas y los gremios aportarán los terrenos.
En este marco, la Presidenta destacó que en los tiempos que corren “volvemos a apostar un vez más al rol del Estado, al rol de los trabajadores, y la articulación entre ambos para una sinergia virtuosa de seguir dando soluciones habitacionales a los argentinos. No solamente por la formidable polea de crecimiento de la actividad económica que es la actividad de la construcción, sino porque al mismo tiempo es una tarea muy fuerte de dignificación de los argentinos”.
Más adelante, al reinvindicar el “rol insustituible del Estado” en estas políticas, recordó que “cuando decíamos estas cosas algunos nos acusaban de nostalgiosos y equivocados”. En este marco, habló de “la construcción de nuevos paradigmas en el que el Estado tiene una función indelegable: el de articular los intereses de todos los sectores para poder hacer una sociedad más cohesionada y más justa, hay que repensar un mundo diferente y en esto todos tenemos algo que aportar”.
Programa Casa Propia
Cabe señalar que este programa tiene por objeto atender las necesidades habitacionales de las familias de trabajadores con ingresos formalizados y sin vivienda propia, promoviendo la incorporación de nuevos recursos para el financiamiento de la construcción de viviendas nuevas, complementados con fondos públicos; a fin de posibilitar el acceso al crédito bancario a un amplio sector de la población.
“Si bien en esta primera etapa se consigna un total de 8.500 viviendas a nivel nacional, no se excluye la posibilidad de nuevas incorporaciones en función de las disponibilidades presupuestarias y los alcances de financiamiento del Banco Nación”, explicó el titular del IAPV, Julio Aldaz.
A fin de brindar continuidad a la implementación de este programa, las demás entidades bancarias públicas y privadas, nacionales e internacionales podrán participar, adoptando como tasas de referencia las que fije el Banco Nación para esta línea. Las provincias también comprometen sus esfuerzos para que los agentes financieros participen del programa.
El Ministerio de Planificación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, fijará los criterios de elegibilidad de los proyectos y de los beneficiarios; aprobará y auditará la ejecución de los proyectos; y efectuará la correspondiente asignación presupuestaria de los recursos anuales en el Presupuesto Nacional a fin de garantizar el subsidio acordado para cada proyecto.
“Las provincias, en tanto, mediante sus Institutos de Vivienda, tendrán a su cargo la implementación del plan, organizarán el Registro Provincial de Postulantes; y evaluarán a los beneficiarios propuestos por la CGT o la CTA. También van a licitar y preadjudicar las obras; contratar a las empresas constructoras que resulten adjudicatarias; inspeccionar; y emitir certificados de avance de obra”, explicó el funcionario.
Además, las provincias financiarán con fondos propios un aporte no reintegrable equivalente al 10% del costo total del proyecto. También se deberá garantizar el subsidio de la tasa de interés a fin de mantener la constancia del porcentaje del salario que el adjudicatario afecte del conjunto del ingreso familiar, al momento del otorgamiento del crédito para la amortización del mismo, y en las condiciones particulares que en cada convenio específico se prevean.
Las entidades bancarias tendrán a su cargo otorgar la pertinente calificación bancaria a las empresas constructoras y a los beneficiarios, otorgar a la empresa adjudicataria de la obra el crédito para el financiamiento del costo total de construcción de la obra y brindarle al beneficiario un crédito con plazo a 20 años, por el 80% del costo de la vivienda.
En tanto, la CGT y la CTA deberán aportar los terrenos aptos para los proyectos, preevaluar y proponer el listado de beneficiarios que serán evaluados en primer término por el instituto y posteriormente calificados por el banco a fin de determinar si son sujetos de crédito.
