«Las situaciones no saldadas entre el gobierno nacional y el sector rural no tiene ninguna relación con esta iniciativa. No ha influido para determinar una eliminación transitoria o reducción del impuesto para 49.000 propietarios rurales y el incremento del mismo para 2800 de ellos. Se trata de una iniciativa impulsada sobre la base de estudios técnicos objetivos y decisiones políticas razonables», agrega.
«Estas mismas discusiones son las que muchas veces llevan a poner de relieve ciertos aspectos de la realidad rural soslayando otros igualmente importantes. Entre ellos, que el patrimonio es una medida que expresa la capacidad contributiva de un contribuyente. Así, un campo de 1000 hectáreas a 5000 dólares la hectárea implica un patrimonio real y tangible de 5 millones de dólares, es decir casi 20 millones de pesos. De allí para arriba es el rango de patrimonios y contribuyentes sobre los que impacta el rebalanceo del Impuesto Inmobiliario Rural propuesto por mi gobierno», sostiene el gobernador.
Señala además: «La oposición a estas decisiones que han manifestado ciertos referentes de los pequeños y medianos productores que piden que las grandes propiedades rurales no paguen más impuestos, resultan contradictorias».
«El Estado debe financiar su actividad con recursos genuinos. Y adecuar el avalúo de las grandes propiedades rurales es un recurso totalmente legítimo, justo y no distorsivo. Pero aún así, el gobierno está dispuesto a generar compensaciones en tanto en el uso productivo de estas grandes propiedades se activen inversiones y se cree mano de obra», indicó.
«Se reitera además que este es el inicio de una política impositiva que tenderá a ir haciendo correcciones graduales y previsibles para todos los contribuyentes, pero todas en ese mismo sentido: el de la progresividad y el de la sustitución de los impuestos distorsivos que afectan la producción, las cadenas de valor y la generación de trabajo”, puntualiza.
