Una vez que se promulgue la ley, las secretarías de Energía y Medio Ambiente, y la Dirección de Minería, van a comenzar a trabajar en la reglamentación. “No hay riesgo de impacto ambiental”, afirmó al respecto el Director de Minería, Jorge Tomas. Hay un decreto, el Nº 4977, que establece la normativa para el cuidado del medio ambiente y dispone que ante cualquier tipo de emprendimiento se debe efectuar un dictamen ambiental del organismo competente”, dejó en claro.
“En cuanto a la actividad minera, tenemos una legislación específica que está incorporada al código de minería y aplica en la actividad un estricto control de cuidado de medio ambiente. Además, se trabajará con universidades y organismos para asegurar la protección ambiental”, dijo el funcionario
En febrero, el gobernador Sergio Urribarri y el vicepresidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Sebastián Eskenazi, firmaron un acuerdo para el estudio de potenciales proyectos exploratorios de hidrocarburos. Sin costo para el Estado entrerriano, este plan prevé iniciar los estudios técnicos. Entre Ríos fue la primera provincia que se adhirió a este plan lanzado por YPF, además de contar con la reglamentación necesaria que garantice los estudios de impacto ambiental que correspondan. “Se hizo un trabajo previo de antecedentes con el fin de ordenar jurídicamente la futura actividad hidrocarburífera y habilitar al Ejecutivo a llamar a licitación para la exploración y eventual explotación del recurso, en caso de que se produzca algún hallazgo”, explicó Tomas.
La norma establece que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en la provincia pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible del Estado. Se busca “alcanzar un grado de información que permita llamar a licitación a empresas que quieran tomar el alto riesgo de explorar, ya que ésta es una cuenca aún no productiva y todavía no ha habido hallazgos de hidrocarburos”, indicó, al tiempo que destacó que “el acuerdo con YPF es importante porque permitirá tener un mayor grado de certeza sobre posibles recursos”.
El funcionario aseguró que la reglamentación de la ley implicará un trabajo importante” y definirá, entre otras cuestiones, “el canon que deberán pagar las empresas por cada área que les sea concesionada”.
También se deberá definir “qué áreas se podrán licitar”, ya que “es necesario tener en cuenta que no se podrán hacer exploraciones en las áreas naturales protegidas, los parques naturales y los ejidos de las ciudades”.
Otro paso importante en el que se comenzará a avanzar tiene que ver con “la organización de la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía” y también se iniciarán las tareas referidas a la “elaboración de pliegos para un eventual llamado a licitación”.
En relación a esta iniciativa, el secretario de Energía, Raúl Arroyo, aseguró además que está previsto que se realicen “todos los estudios de impacto ambiental que sean necesarios, ya que la perforación es lo último que se hace. Antes vienen una serie de trabajos superficiales para luego llegar a la extracción”.
Apuntó que los objetivos son “facilitar y crear las condiciones de inversión, que sería una etapa previa a que se pueda presentar una licitación, porque hoy no tenemos conocimiento del recurso hidrocarburo en Entre Ríos, es decir que en una primera etapa sería una herramienta para el llamado a licitación y posible exploración”.
Las áreas de exploración que estarían acordadas con Repsol-YPF son las que se encuentran al norte de la ruta nacional Nº 18, es decir, que comprendería los departamentos Federación, Federal, Feliciano, La Paz, Concordia, San Salvador, y parte de Paraná y Villaguay.
La actividad exploratoria se inició en Argentina en el año 1935 y la única perforación petrolera existente en Entre Ríos se realizó en el departamento Nogoyá. La región Chacoparanaense, que comprende a Entre Ríos, pertenece a una de las 22 cuencas no productivas del país, además de las cinco que están en explotación en Argentina en la actualidad.
