El área Estadísticas del Masvernat informó que, de enero a abril, se atendieron a 61.132 pacientes en el hospital que demandaron los servicios de consultorios externos, guardia e internaciones. De ese total, 44.613 (73 %) no contaba con obra social y 16.519 (27 %) tenía cobertura de una mutual. La obra social cuyos afiliados acudieron en mayor número al nosocomio es el Iosper. En total, 3.522 pacientes pertenecientes a la mayor obra social de la provincia (21 %) fueron atendidos en el hospital, seguidos por el Pami con 2.579 afiliados (15 %), el Sindicato de la Fruta con 1.868 afiliados (11 %), Uatre con 1.330 afiliados (8 %), Uocra con 1.317 afiliados (7,9 %), Osecac con 1.257 afiliados (7,6 %), el Programa Federal de Salud con 1.174 afiliados (7,1 %), Seguro de Salud pública (ex Plan Nacer) con 829 afiliados (5 %) y Madereros con 331 afiliados (2 %).
Luego prosigue Petroleros (291 afiliados), Ministerio de Salud de la Nación (242), UTHGRA (177), Camioneros(144), Ejército (138), Panaderos (124), Alimentación (82), La Bancaria (68), UOM (62), UTA (59), Sadop (59), Armada (57), UPCN (56), Obra Social para la Actividad Docente (52), OS Personal de Seguridad Comercial e Industrias Privadas (47), Smata (43), Viales (37), Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén (37), Seguros Rivadavia (31), Ejecutivos y Personal de Dirección de Empresa (29), Aguas Gaseosas y Afines (28), Unión Ferroviaria (28), Sanidad (27), Trabajadores de las Comunicaciones (23) y Luz y Fuerza (22).
Pedro Curbelo, administrador del Masvernat, indicó que la facturación de los trabajadores que son atendidos en el nosocomio es enviada a las obras sociales respectivas. Sino abonan en un plazo perentorio, se les envía una carta documento y si tampoco reciben una respuesta satisfactoria, se envía el caso a la Superintendencia de Salud de la Nación.
Por ende, y a la larga, el hospital termina percibiendo el dinero que gasta en la atención de los pacientes mutualizados pero no se queda con el 100 % de lo que recauda. Por cada $ 100 que ingresan por esa vía, $ 62 se redistribuye entre los trabajadores del nosocomio bajo el concepto de “arancelamiento” y los $ 38 restantes quedan para el hospital. Curbelo dijo que, de esa forma, el hospital necesita permanentemente más presupuesto para cubrir la atención de pacientes que cuentan con obra social.
Y ese dinero que se destina a la atención de los mutualizados, del que sólo recuperan menos de la mitad, son recursos que deberían estar disponibles para las personas sin obra social como desocupados, indigentes, etc. El hospital atiende a todos “tengan o no obra social pero lo correcto no es financiar a quienes ya tienen una cobertura social sino a quienes no tienen”.
Curbelo remarcó que lo importante es que la atención del paciente que cuenta con obra social no termine desfinanciando a la de quienes no tengan. “Tener una equidad en ese sentido”, remarcó.
No obstante eso, indicó que atienden a pacientes de todas las obras sociales. “Siempre hay algún paciente en el hospital de alguna de las obras sociales”, manifestó.
La mayor demanda recae sobre las internaciones tanto para cirugías programadas como de urgencia. También atienden a muchas personas en la guardia. “Pero el grueso del dinero que entra a las arcas del hospital es por las internaciones”, reiteró.
La realidad de los privados
Curbelo que los afiliados deberían atenderse donde ellos quisieran haciendo alusión a los centros de atención privados. Uno de ellos es el Sanatorio Concordia. El director médico de ese establecimiento, Carlos Montangie, indicó que la mayoría de las obras sociales que funcionan en la ciudad firmaron un convenio con el sanatorio. “Sobretodo para la internación”, aclaró.
Pero, a renglón seguido, indicó que el “gran drama” es que la mayoría no ha actualizado el impacto económico que registró la economía principios de 2014. Los insumos se han incrementado en un 100 % y eso “ha generado un déficit muy importante”. Por ello, Montangie sostuvo que en la actualidad están trabajando “casi por debajo de los costos” y para: “pagar los sueldos de nuestros empleados y mantener el sanatorio”, dejando de lado momentáneamente las exigencias impositivas. “No las podemos afrontar”, dijo.
Por ejemplo, mencionó que las cifras que paga el Pami están “por debajo de la realidad total”. Pero, a su vez, sostuvo que si suspenden la atención a los afiliados al Pami tiene que “cerrar el sanatorio”. Con Iosper viven una situación similar. “En diciembre tuvimos cortado y después vino el impacto de la inflación de enero, febrero, marzo y abril y no nos hemos recuperado”, señaló. La respuesta de la obra social de los empleados públicos es que no tienen dinero y que el gobierno no les manda plata. “No queremos llegar al planteo de diciembre pero la verdad es que ya está por debajo de la realidad”, sostuvo.
Prácticamente lo mismo sucede con otras obras sociales como Madereros, Osecac, Unimedica (ex Cirme). Montangie sostuvo que la intención es renovar los convenios con todas incluyendo un 40 % de aumento promedio. “Sino es imposible trabajar”, dijo.
En el sanatorio interrumpieron el servicio de internación a los afiliados a Ospecon (Obra Social del Personal de la Construcción). “Realmente la cifra que estaban pagando eran muy bajas y no querían pagar más y entonces tuvimos que cortar desde el 1º de mayo”, manifestó Montangie.
Por último, dijo que el futuro es “incierto” y que sería “catastrófico” para la sociedad si tuviesen que cerrar. El Concordia cuenta con seis camas de terapia intensiva y 38 de internación común. La afirmación la hizo respecto de los “días pico” de internación en épocas invernales en que no hay camas en los sanatorios ni en el hospital.
Aportes irrisorios
La cantidad de trabajadores de la fruta a los que les liquida en forma correcta sus aportes a la obra social del Sindicato de la Fruta ronda entre el 20 y 30 % del total. En la mejor época de cosecha, sólo 3.000 hacen los aportes de un universo que ronda entre 12.000 y 15.000 trabajadores. En estos días que recién comienza la zafra, trabajan cerca de 5.000 y aportan 1.500.
A los restantes no se le realizan los aportes o les liquidan montos exiguos -como consecuencia de la evasión impositiva que realizan las empresas- y en ocasiones terminan demandando prácticas médicas que exceden ampliamente la contribución realizada. Por ejemplo, se evidencia en varios recibos de sueldo guardados en una carpeta y mostrados a DIARIOJUNIO, que muchas empresas de servicios suelen “blanquear” dos días de trabajo en una quincena, lo que significa un aporte de $ 9 para la obra social, y otros dos días en la segunda quincena. En total cuatro días trabajados en el mes: $ 18 en total para la obra social. En realidad, el aporte fijado por ley ronda los $ 350 mensuales.
En cambio, la demanda de servicio a las que el sindicato está obligado a responder superan ampliamente esas cifras. Por ejemplo, según lo manifestado en el sindicato, atender a un hijo con una discapacidad puede demandar cerca de $ 10.000 mensuales para sesiones de kinesiología. Un afiliado que haya contraído el HIV necesita mensualmente pastillas que cuestan $ 8.000. Un remedio para un paciente oncológico puede costar $ 8.000 o un transplante de riñón $ 21.000.
Lo más barato es la atención de un parto que ronda los $ 5.000 y al bebé se le debe ofrecer la cobertura completa por un año. Paradójicamente, hablando de partos, la mayoría de los empleados de la fruta suele tener familias numerosas y la cobertura abarca a todos los integrantes. “Con $ 18, o $ 20 siendo generosos con los empresarios poniéndoles $ 2 más, tenemos que atender a 8, 9 o 10 personas. Solamente atendiendo a dos personas (con $ 18 por mes) tendrían que trabajar 15 o 20 años para pagar un parto que puede tener la señora del cotizante (afiliado)”, indicó el secretario general del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo.
El gremialista dijo que es muy difícil cubrir remedios o prácticas médicas que insumen varios miles de pesos “cuando te aportan $ 18 por mes”. “No hay obra social que pueda aguantar por más que uno haga malabares o sea mago”, acotó.
El gremialista culpó a los empresarios de sector del déficit de la obra social. “No hay uno que sea honesto. Al contrario, creo que se pelean para llevarse el primer puesto a ver quien ‘negrea’ más”, indicó. Y contrarió el discurso del ahora senador nacional Alfredo De Angeli, el titular de Uatre a nivel nacional, Gerónimo “Momo” Venegas o el de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quienes machacan con el discurso que sostiene que los trabajadores no quieren estar “en blanco” para no perder la ayuda que reciben del gobierno a través del algún plan. “Eso es totalmente mentira. Un trabajador que esté ‘blanqueado’ como marca la ley gana diez veces más que un plan que pueda tener”, dijo.
Camejo indicó que los afiliados acuden a la Justicia cuando la obra social manifiesta que no tiene los fondos para asistir determinada situación. Y los jueces fallan a favor de los demandantes. “Tenemos el caso que tenemos que pagar $ 150.000 por un chico que no tiene un año todavía y necesita una válvula que tenemos que ponerle en el corazón en el hospital Garrahan. Nos han metido un recurso de amparo, nos han ganado y tenemos que cubrir lamentablemente con estos aportes que nos hace el empresariado”, sostuvo.
