La decisión del funcionario incluye menciones a un Acta Acuerdo suscripta en 1987 entre los entonces gobernadores de Entre Ríos y Buenos Aires, doctores Sergio Montiel y Antonio Armendariz (por la que se permitía el ingreso al primer estado argentino de medicamentos fabricados en nuestra provincia) y a la Ley 9.353 de compre entrerriano.
En realidad, dicha acta dejó de tener vigencia junto a otras similares de otros lugares del país, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el compre local debe asegurar que se realice con medicamentos en igualdad de condiciones, características y propiedades farmacológicas, cosa que no puede darse si una marca posee certificación de ANMAT y la otra no. Ello significa que no puede existir prioridad cuando no existe similitud, por lo cual las menciones que encabezan la Resolución número 3.139 no se entienden demasiado.
En consecuencia, la medida adoptada días pasados coloca a los hospitales del Estado en posición de desventaja y por ende a los pacientes que allí se atienden, ya que posibilita la adquisición de especialidades que bajo una fachada de ahorro financiero por un presunto menor costo, ocultan su carencia de legitimación desde una repartición cuya rigurosidad en habilitaciones y controles es reconocida.
Se desconoce dónde tuvo origen la decisión de dar un paso que supone un evidente retroceso en materia de excelencia en los productos destinados a los hospitales, máxime que tampoco se sabe por qué vías habría arribado al área legal de la secretaría de Salud un disquette con detalles claros y precisos para dar a luz la cuestionada medida.
Se teme que semejante paso legal, que soslaya mecanismos de contralor, constituya lisa y llanamente el otorgamiento de una llave maestra con la cual determinadas empresas podrían tener a su servicio un mercado que moviliza mucho dinero del Estado, sin necesidad de exhibir certificaciones tal como lo prescribía la medida de la ex funcionaria Bevacqua.
Según una versión a la que accedió Análisis Digital, la propia ministro de Salud, Graciela Degani, actualmente en los Estados Unidos junto a su par nacional Ginés González García en gira oficial, habría partido sin conocimiento de la resolución número 3.139. Además se daría la paradoja de que el ministro nacional es un permanente defensor del funcionamiento de la ANMAT, mientras en la jurisdicción de la funcionaria entrerriana que lo acompaña, este mecanismo acaba de declararse prescindible.
