En octubre de 2004, antes de que asuma el actual Consejo de Administración, la Cooperativa elevó una propuesta (denominada “Propuesta de Solución al Desquilibrio Económico Financierio de las Cooperativa Eléctricas de Entre Ríos”) al gobierno de la provincia de Entre Ríos para que las dos cooperativas (Gualeguaychú y Concordia) que adquieren energía eléctrica en el mercado (las demás son provistas por Enersa) puedan afrontar sus gastos sin pedir aumento de tarifas.
En ese momento, ambas cooperativas estaban pasando por situaciones económicas muy difíciles. “Se hacía imperioso incrementar los ingresos a través de un aumento de tarifas o disminuir los costos”, señaló el gerente comercial de la CEC, Federico Schatenhoffer. En la nota se argumentaba que las consecuencias de la devaluación de 2001 originó un incremento de los costos de operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos que no se han visto reflejados en los valores tarifarios. Por lo tanto, se produjo un notable desfasaje entre ingresos y egresos.
“Hicimos un cálculo porque en ese momento, la secretaría de Energía estaba generando acreencias con la provincia de Entre Ríos por la aplicación de la famosa resolución 406, aquella que en vez de pagarles a las generadoras hidroeléctricas el verdadero precio de la energía, les pagaba el valor del agua”, precisó el ingeniero.
La resolución generó importantes acreencias a favor de la provincia. “Lo que propusimos fue, haciendo exigible una pequeña parte de esa deuda, que las dos cooperativas podían regularizar sus cuentas sin necesidad de pedir un aumento de tarifas”, explicó.
En números redondos, se solicitaba un millón de pesos en forma mensual en aquel momento de los seis o siete que se generaban a favor de Entre Ríos. Repartido en forma proporcional al mercado que abastecen ambas distribuidoras ($ 700.000 para Concordia y $ 300.000 para Gualeguaychú), se evitaba tener que actualizar las tarifas.
El trabajo fue presentado en la gobernación y fue recibido por el entonces vicegobernador Pedro Guastavino. La presentación fue avalada el 16 de noviembre de 2004 por el entonces secretario de Energía de la provincia Carlos Molina y reenviada a la secretaría de Energía de la Nación que es la repartición que debe autorizar la iniciativa. “Como la secretaría de Energía no lo autorizó, la Cooperativa se vio en la obligación de iniciar el proceso de audiencias públicas para modificar las tarifas”, señaló el ingeniero.
“Como no se pudo obtener la reducción de costos de esta manera que nosotros propusimos, se empezó con el mecanismo usual de regularizar tarifas a través del mecanismo de audiencias públicas”, indicó.
Lo más importante de la iniciativa es que si se hubiese concretado es que la tarifa se hubiese mantenido en los niveles de aquellos años. “Si se hubiese puesto en marcha ese mecanismo no hubiese tenido incrementos de tarifa. Estaría a valores de 2003 o de la década pasada”, resaltó Schatenhoffer.
