“Son hechos aislados, muy claramente estructurados y organizados, en los que nadie iba por comida, sino por plasmas, LCD y bebidas”, señaló el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que llevó la voz cantante de la Casa Rosada desde que comenzaron los primeros incidentes en Bariloche, el jueves. “Son cuestiones que hay que condenar con toda la energía y señalar claramente a todos los responsables para que nadie piense que por este camino va a lograr nada bueno”, agregó Abal Medina, quien apuntó hacia sectores del sindicalismo vinculados con camioneros, gastronómicos y ATE.
Desde Bariloche, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que viajó junto a 400 gendarmes para reestablecer el orden, se manifestó en el mismo sentido y destacó la participación de un dirigente vinculado con Micheli, Jorge Villalba, en el sabotaje a las líneas de electricidad en Neuquén, y de un grupo de “barrabravas del club Villa Dálmine relacionados con choferes de una empresa agroquímica que responde al gremio de Camioneros” en el caso de los saqueos de Campana. “Hay un sector de la Argentina que quiere llevar el caos, la violencia y teñir de sangre nuestras fiestas y acá lo tenemos”, denunció Berni, quien pidió a la sociedad que exija “a los jueces intervinientes que procedan con la mayor rigurosidad de la ley” para juzgar a los responsables.
Los sindicalistas acusados recogieron el guante. Aunque por la mañana, en declaraciones radiales, Moyano había dicho que los saqueos eran espontáneos y en respuesta a que “hay muchísima necesidad”, por la tarde convocó a una conferencia de prensa en el edificio de la calle Azopardo donde cambió radicalmente su discurso: “No tenemos dudas de que todo esto que está pasando lo orquestó el gobierno nacional para victimizarse”, afirmó el camionero, quien desafió a los funcionarios a que “si tienen pruebas y agallas que hagan las denuncias pertinentes en vez de hablar en los medios”. Moyano también amenazó con “iniciar acciones judiciales contra la ministra de Seguridad y contra ese ‘Rambo venido a menos’ que la acompaña”, en referencia a Nilda Garré y a Berni, “para que expliquen por qué anduvieron por los medios acusando a trabajadores tan livianamente”. La central que encabeza se declaró en “estado de alerta y movilización” ante “la gravedad de las denuncias emanadas desde el Gobierno”.
Los hechos
En dos días con episodios violentos en distintos puntos del país, la peor parte se la llevó Rosario: dos muertos, heridos de bala y 138 detenidos, de los cuales 92 fueron imputados por “robo calificado en poblado y en banda”, en algunos casos agravado por la participación de menores, es el saldo que dejaron los saqueos, que se sumaron a una tormenta que dejó medio millar de evacuados. Ninguna de las víctimas fatales fue por acción policial, aseguraban fuentes locales. Una de ellas, una mujer de 36 años, sufrió un corte en una arteria al romper el vidrio de un comercio y murió desangrada. El otro fue por un disparo que habría sido fruto de un enfrentamiento entre saqueadores y dueños de comercios (ver página 4).
“A algunos instigadores ya los tenemos individualizados porque había un par de autos dando vueltas y unas motos marcando dónde tenían que ir a robar, están filmadas las patentes y las personas”, informó el gobernador santafesino Antonio Bonfatti. El ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, coincidió con las autoridades nacionales en que fueron “hechos vandálicos y los autores y actores no tienen nada que ver con problemas sociales”. En sentido similar se manifestó la intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien coordinó con la ministra Garré para que efectivos de Gendarmería participen de los operativos de seguridad.
En la provincia de Buenos Aires el epicentro del conflicto estuvo en San Fernando, donde cientos de personas fueron dispersadas por la guardia de Infantería de la Bonaerense y Gendarmería en varios intentos por asaltar un supermercado Carrefour, que se extendió durante varias horas e incluyó destrozos en otros locales y asaltos a automovilistas (ver página 5). Otro foco de conflicto fue en la ciudad de Campana, durante la madrugada, donde los enfrentamientos concluyeron con más de veinte heridos. Varios intendentes del conurbano bonaerense agrupados en la FAM salieron a repudiar los dichos de Moyano. “Culpar al Gobierno de los saqueos es descabellado, parece que intentan añadir leña al fuego”, aseguró Julio Pereyra, de Florencio Varela.
El gobernador Daniel Scioli también atribuyó los hechos a “bandas organizadas” que “quieren generar zozobra” y justificó la actuación de la policía. “Somos muy sensibles a los reclamos sociales y los encauzamos, ahora cuando hay mucha violencia, hay que actuar”, aclaró. El gobierno de la provincia informó por la tarde que fueron 378 los detenidos por los disturbios. También se dispusieron medidas de emergencia, como dejar de guardia durante todo el fin de semana a los fiscales de las jurisdicciones donde hubo conflictos, además de patrullajes con balizas y sirenas encendidas por parte de la totalidad de los patrulleros disponibles durante las noches, para evitar nuevos episodios violentos.
