El hecho que tiene en vilo a Griselda Ruiz y su hijo Ignacio es tal vez una muestra de lo que sucede con las viviendas sociales en la provincia. La mujer asegura haber comprado de buena fe ese inmueble en 2014, y haber pagado una cifra de 150 mil pesos por el mismo, al tiempo que continuó abonando las cuotas que correspondían.
La vivienda en cuestión es un departamento de dos dormitorios que está situado en el primer piso de un complejo Fonavi ubicado en calle Vuelta de Obligado 5055 B, en la zona sur de la ciudad.
Es más, el 13 de junio presentó un escrito ante el organismo provincial en el que reafirmó que viene abonando las cuotas en tiempo y forma y solicitó que le adjudicaran esa unidad.
No obstante, hay un escollo importante. Ruiz no es la adjudicataria del inmueble, ya que los mismos no pueden ser vendidos, y esa es una de las irregularidades que detectó el Estado.
Ya en 2017, la Dirección de Vivienda y Urbanismo había intimado a quienes son los adjudicatarios legales del departamento que ella ocupa junto a su hijo. El organismo había detectado morosidad en el pago de las cuotas, además de comprobar que no eran ellos quienes están viviendo allí.
"Yo estoy desesperada. Me dicen que en diez días me desalojan y no me puedo quedar en la calle con mi hijo. Voy a la Dirección de Vivienda y nadie me atiende. Siempre pagué, quiero pagar, pero por favor no me dejen en la calle", remarcó Ruiz en diálogo con La Capital.
En soledad
La situación que atraviesa dista de ser la mejor. Esta divorciada y sola se las arregla para que su hijo, que tiene síndrome de Down y sufrió distintas patologías cardíacas, pueda acceder a una educación especial.
El 27 de abril recibió una resolución en la que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo le comunicó que se había detectado una deuda en el pago de las cuotas de amortización y en la que se intimaba "a los titulares a ocupar efectivamente la vivienda, tal como se obligaran contractualmente, bajo apercibimiento de desadjudicación y posterior desalojo".
En virtud de esa desadjudicación, es que Ruiz solicita que se tenga en cuenta su situación social y se le adjudique ese departamento a ella y su hijo. Algo que viene pidiendo sin éxito en la Dirección de Vivienda y que ahora, ante la inminente posibilidad de desalojo, la angustia y le hace temer por su futuro.
