La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos durante la Última Dictadura, se reunirán en el mural “secuestro” de calle Salta, casi Damián P. Garat, donde secuestraron a Solaga. Habrá intervenciones artísticas y luego marcharán hacia la Plaza Urquiza donde se leerá un documento consensuado entre todas las organizaciones. Además de la manifestacion participarán varias agrupaciones como: Hijos, Familiares de Sebastián Briozzi, Asamblea por los Pueblos Libres, Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, Partido Humanista, Asamblea de Salud Mental y derechos, colectivo militante Oktubre, Colectivo de Género, Corriente Federal Kirchnerista, Asamblea de Oyentes de Radio Ciudadana, y Docentes UTN.
A 42 años de la instauración de la última dictadura militar que asoló el país, los organismos de Derechos Humanos ven una etapa de retroceso. Paulatinamente todo lo que se hizo durante los últimos tres gobiernos se desmorona desde la asunción de Mauricio Macri. “Muchos derechos logrados, conquistados, están siendo vulnerados. En la Justicia que se venían dando pasos positivos, hay muchos retrocesos. El gobierno desde el 2015 ha modificado varias participaciones del estado que se venían dando desde el 2004 cuando se declara inconstitucional la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Se da la reapertura para la organización de los juicios que estaban archivados justamente por esas leyes”, remarcó ayer Lidia Subovsky, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos de Concordia al programa “Vení que te Cuento” de Radio Ciudadana.
“Después se fue dando la participación del Estado en distintos ministerios con comisiones investigadoras que no solo de la actuación de los militares sino de la complicidad civil que es muy importante. En la Bolsa de Valores, el ministerio de Defensa, el Banco Central, el Banco Nación, es decir en distintos estamentos del Estado había comisiones investigadoras”, explicó. “Todo eso, desde 2016, fue desarticulado, desarmado, ya no existe más”, añadió Subovsky.
Al mismo tiempo, indicó que el Estado se está retirando como querellante de los juicios por delitos de lesa humanidad. De hecho, la difusión de listas de genocidas que podrían ser beneficiados con prisión domiciliaria, y la inclusión de Alfredo Astiz ente ellos, es vista como una “provocación” entre los organismos de derechos humanos. “A poquitos días de cumplirse 42 años del golpe sacan una lista diciendo que hay una sobrepoblación en las cárceles y justamente ¿Los genocidas son los que sobran? Y justamente ponen en la lista a genocidas emblemáticos como Astiz. Violó, mató, asesinó, tiró gente desde los aviones, todo lo que ya sabemos”, dijo a su vez Sara Kohan, también integrante de la Asociación. “Lamentablemente en Concordia tenemos en la lista un representante que el cura Von Wernich”, acotó Kohan.
“Hoy lo que vemos es la pata civil de aquella época es la que nos está gobernando. Poner el país al servicio del Imperio es lo que están llevando adelante”, dijo Subovsky. Respecto de 1976, indicó que “diseñaron un plan represivo para generar miedo, anular toda oposición al proyecto político-económico que instauraron a partir del 76. Anular a la oposición fue un objetivo. Las políticas de aniquilamiento que llevaron adelante logró sus efectos en buena parte de la sociedad generando miedo, rompiendo los lazos de solidaridad”, añadió.
Lidia Subovsky integra la Asociación debido a su pasado de ex presa política. Fue detenida en Concordia en julio de 1976 y estuvo 20 días desaparecida o, como se dice en la jerga, “chupada” por el Ejército. Luego fue ‘blanqueada’ y quedó bajo disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional). Su cautiverio duró siete años en la cárcel de Devoto, hasta diciembre de 1983, por disposición de un Consejo de Guerra militar. Cuando asumió como presidente Raúl Alfonsín, quedó en libertad al declarar la inconstitucionalidad de los Consejos para juzgar civiles.
En tanto, Sara Kohan, es hermana de Alfredo Kohan, quien fue fusilado en la base Almirante Zar de Trelew en 1972 en lo que se conoció luego como la Masacre de Trelew. “Eran 16 presos que se habían fugado de Rawson, no logran su objetivo y en vez de llevarlos de vuelta al penal, los llevan a una base naval y ahí los fusilan, inventando que se habían querido escapar nuevamente cosa completamente ilógica porque ellos habían entregado las armas y estaban prácticamente desnudos. Fue un fusilamiento. Pasaron 40 años y en 2012 se realizó el juicio. Ese juicio era muy difícil que se pudiera hacer porque era antes del 76. Pero los familiares de Trelew estamos muy agradecidos a las gestiones que hizo Néstor Kirchner y a Luis Eduardo Duhalde, de Derechos Humanos, se hizo el juicio y fueron condenados los asesinos”, explicó.
