Caras visibles del Grupo Indalo, que incluye a uno de los pocos canales (C5N) con espacios críticos al gobierno de Mauricio Macri, López y De Sousa habían sido detenidos el 20 de diciembre pasado por orden del juez federal Julián Ercolini, quien les negó la libertad pese a imputarles un delito excarcelable al interpretar que el intento de venta de Indalo a un fondo de inversión buscaba eludir la inhibición de bienes ordenada por la justicia.
En marzo, la Cámara Federal puso fin a las preventivas, que calificó de “alevosa arbitrariedad”. Con votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, tipificó los hechos como “retención indebida de aportes”, una acusación más leve que podría derivar en el cierre del caso si se paga lo adeudado. “No estuve preso, estuve secuestrado. Hubo una orden política, el juez tuvo mi apelación dormida 42 días porque alguien se lo pidió”, afirmó López al salir de la cárcel de Ezeiza tras 87 días. “Una cosa es tener deudas y otra evadir”, diferenció. Negó cualquier relación con la ex presidenta Cristina Kirchner aunque admitió el cariz político de la causa: “Todo lo que huele a Cristina hay que meterlo preso, el objetivo es Cristina”.
“Lo peor es el cambio de carátula: eso nos enloqueció”, confesó Macri días después desde su descanso en Chapadmalal. Farah y Ballestero “se animaron a hacer lo que hicieron pensando en que no iba a haber reacciones”, agregó a modo de congratulación por el contraataque del aparato paraestatal, que incluyó no sólo las habituales elucubraciones de Elisa Carrió sino también investigaciones en el Consejo de la Magistratura y campañas de prensa contra ambos jueces. En ese marco, interpelado en TV, Farah defendió su voto con una frase reveladora de la descomposición de Comodoro Py: “Yo no cobré un peso”. Finalmente ambos se distanciaron de la Cámara: Farah pidió y obtuvo un traslado de tribunal y Ballestero está con licencia médica, se cree que no volverá a su puesto.
El anteúltimo capítulo lo protagonizó el jueves el fiscal Raúl Pleé, un abonado a este tipo de causas, quien pidió volver a la carátula reclamada por Macri y consideró que existían “riesgos procesales que justifican por sí mismo la detención” de los empresarios. En menos de un día, mientras las malas nuevas sobre tarifazos quedaban relegadas por la escalada del dólar, Hornos y Riggi escribieron 178 fojas y hasta una gacetilla que difundió el portal de Ricardo Lorenzetti, respetando a rajatabla los lineamientos oficiales y ordenando la “inmediata detención” de los empresarios.
Hornos destacó la “gravedad de los hechos de corrupción” imputados, que vinculó con “la delincuencia económica”. Consideró que la “compleja maniobra delictiva” fue montada por funcionarios de la AFIP en connivencia con los empresarios y en perjuicio del fisco, y la caratuló como “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Fundó la prisión preventiva en la presunción de que López y De Sousa intenten entorpecer la investigación o fugarse. Riggi escribió que lo investigado no es un delito tributario sino “parte de la estructura delictiva que entre privados y funcionarios públicos se montó con el afán de obtener los recursos del Estado para beneficiarse individualmente”, y remarcó “la intervención decisiva y fundamental” de Echegaray. Figueroa, en disidencia, explicó que los recursos tras el fallo de la Cámara eran inadmisibles porque no había ninguna resolución “equiparable a definitiva” que justificara la intervención de Casación.
