Peterson, como defensora tribunalicia y en representación de una familia de escasos recursos de Paraná promovió ante el Juzgado de Familia y Menores número 1 de la capital provincial una acción de amparo, solicitando que se atiendan las necesidades requeridas, máxime teniéndose en cuenta el hecho de que contaban con un hijo discapacitado. La jueza Salomón hizo lugar a esta acción y determinó que el Estado provincial y el IAPV le aseguren al grupo familiar una casa, para poder habitar en condiciones dignas.
La decisión de Salomón tiene características similares al fallo dictado por el juez subrogante Roberto Parajón el 28 de junio de 2002, cuando ordenó al supermercado Spar de Paraná que le entregue alimentos a una familia indigente del barrio Las Flores por un valor de 190 pesos semanales. En la medida cautelar, el magistrado dispuso que la firma comercial le cobre el valor de la mercadería entregada al Estado provincial o que compense el monto con la deducción de impuestos.
Pero unas semanas después, la justicia entrerriana -n otro fallo- dispuso que el Estado provincial otorgue “en forma inmediata y expedita” atención médica y asistencial y otorgue de medicamentos a una jubilada que sufría una degradación neurológica progresiva, cuyos ingresos le impiden solventar los gastos de salud. Esa disposición la adoptó la sala I de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Felipe Celli, Juan Ascúa y Juan Sobrero, que resolvió ordenar al gobierno entrerriano “que en forma inmediata y expedita imparta a los organismos pertinentes la orden de una muy urgente atención primaria médica y asistencial y la provisión de los medicamentos imprescindibles a la accionante, Guadalupe Rovitti”.
La mujer, que padece problemas coronarios y de asma y sufre una enfermedad que le provoca una degradación neurológica progresiva, recibe junto a su marido, Polonio Guzmán, una jubilación provincial que no alcanza para hacer frente a los gastos de medicamentos que debe adquirir mensualmente, que suman casi 400 pesos. La dramática situación llevó al matrimonio a presentar una acción de amparo para que, por razones humanitarias, se le brinde asistencia médica a la anciana. El abogado de la pareja, Marcos Angle, reveló que en el reclamo se decidió acudir a la figura de la acción de amparo humanitario y apartarse de la presentación genérica de los jubilados, que comúnmente recurren a la Justicia para cobrar sus haberes atrasados. “Estimamos que era más urgente la cuestión de la salud de la señora que el cobro de haberes, porque las obras sociales están cortadas y los reintegros que hacen no alcanzan a resolver nada”, agregó el profesional. Según Angle, la Justicia resolvió la parte “fundamental” del amparo.
Fuente: Análisis Digital
