Nadie dio aviso a la escuela de lo que iba a suceder ese jueves por la mañana. Incuso, la bandera estaba izada, señal de que había actividad escolar. Nada de eso importó: cuando los alumnos se percataron de un ‘mosquito’ (máquina fumigadora) en las inmediaciones de la escuela, la directora los llevó adentro, cerró las ventanas e hizo señas a los productores. Además dio aviso a la Policía y a los padres de los alumnos.
Pero los agroquímicos ya se habían esparcido en el aire. La maestra debió ser atendida en el hospital de Basavilbaso. En tanto, uno de los estudiantes tuvo dolor de cabeza aunque al día siguiente se le había pasado. No osbtante, Fimpel recalcó que hay un tanque de agua, que los alumnos toman, que queda expuesto al esparcimiento de los agroquímicos.
«Pese a todas las campañas y a la información que hay, estas cosas siguen sucediendo en el ámbito rural», indicó Fimpel. Ese día se labró un acta. Ayer se realizó una denuncia en la Fiscalía de Concepción del Uruguay.
«Siguen faltando controles, sigue faltando tomar consciencia de las implicancias que traen este tipo de fumigaciones que tienen que ver con la salud y el medio ambiente, exponiendo a las comunidades rurales y a quienes allí viven a este tipo de agrotóxicos», expresó la sindicalista.
Decretos y distancias
¿Cual es la distancia que se debe respetar para fumigar en zonas rurales? En mayo de 2019, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano confirmó el rechazo al decreto 4.407/18 del gobierno provincial -que permitía fumigar con agrotóxicos a 100 metros de las escuelas rurales- y ratificó la restricción de 1000 metros terrestres y 3000 aéreos para fumigaciones cercanas a escuelas rurales. Además se prohibía toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.
Pero el 1° de agosto de 2019, contrariando lo resuelto por el STJ, el gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto 2.239/19 que establece “zonas de exclusión” en un radio de 100 metros terrestres y 500 metros aéreos con relación al centro del casco de las escuelas rurales. Además se creaban en cada establecimiento educativo rural “unidades centinela” y “unidades de control”, encabezadas por la autoridad escolar, sobre las cuales recaería la responsabilidad de controlar las fumigaciones. Por el otro, la medición de las distancias a partir del centro del casco y no del perímetro, con lo cual se posibilitaría incluso la aplicación de agrotóxicos en terrenos que forman parte de algunas escuelas.
Y en noviembre de ese año, el STJ, ante la presentaciones judiciales de las organizaciones ambientalistas contrarias al decreto, terminó declarando de forma unánime que el decreto 2239/19 del gobernador Bordet era constitucional y,de ese modo, habilitó las fumigaciones aéreas y terrestres a distancias menores a las que había dispuesto en su momento el mismo Tribunal.
El pasado 15 de febrero, Bordet anunció, en el marco de la Asamblea Legislativa, su voluntad de avanzar en una iniciativa que salde -al menos transitoriamente- un debate que parece no tener fin: la forma en la que los agroquímicos se aplican en la provincia. «La provincia debe contar con una ley que proteja la salud de las personas y que permita a su vez al productor llevar adelante las tareas de manera responsable, sin que genere perjuicio. La regulación de los agroquímicos es una materia que está pendiente en Entre Ríos. Todos conocen mi posición. De hecho, lo dije en la Asamblea anterior, que debe establecerse una ley que regule el uso de los agroquímicos y supere el decreto que en la emergencia tuve que firmar. En el año que transcurrió no pudo prosperar el consenso necesario para llegar a una ley. Voy a enviar un proyecto de ley a la honorable Legislatura para que se debata, se enriquezca y definitivamente podamos contar con una ley que garantice la salud de todos los entrerrianos», expresó.
