Los damnificados por dos estafas diferentes, uno oriundo uno de la provincia de Santa Fe (Rosario) y el otro de Buenos Aires, se hicieron presente en sedes policiales materializando las correspondientes acciones legales.
Utilizando el mismo ardid ya conocido por los investigadores, la organización delictiva solicitaba por Internet y correo electrónico presupuestos a diversos negocios y, una vez con la respuesta de los vendedores, confirmaban la compra vía telefónica.
Para ello envían una fax de un supuesto “troquel” que daba cuenta de la confirmación que el depósito bancario se había realizado y así recibían la mercadería fraudulentamente comprada.
Los investigadores policiales con datos certeros y munidos de la correspondiente orden judicial, para darle el marco legal que el caso refería, procedieron a dar cumplimiento a un allanamiento y registro. En el procedimiento se logró incautar pruebas que guardan relación a las diferentes modalidades delictivas empleadas.
