En agosto del año pasado, varias organizaciones, cuyo denominador común es la defensa de los Derechos Humanos, enviaron una carta a la Legislatura entrerriana reclamando la conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Torturas. “Los organismos que conformamos la Red de Organismos de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos –RODHER– históricamente hemos bregado por la efectiva vigencia del estado de derecho en nuestro país, por ello promovemos diversas acciones en la defensa de los derechos humanos, impulsamos las causas que se llevan a cabo en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado en nuestra provincia y llevamos a cabo distintas acciones políticas destinadas a la difusión y promoción de la memoria Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER): Uruguay propiciando que sea una herramienta de transformación de la sociedad”, señalaron.
La nota fue firmada por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay, la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER), la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, la Agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná, la Agrupación H.I.J.O.S. Regional Concordia, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia y Concepción del Uruguay, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Presos Políticos, La Solapa de Paraná, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay y Memoria Colectiva de Villaguay.
En la nota, dirigida a la Comisión Bicameral de Derechos Humanos que presidía en ese momento el ex diputado Pedro Báez, expresaban que la conformación de la comisión bicameral había sido recibida con mucho beneplácito por las organizaciones de derechos humanos. “Conscientes que es de suma necesidad la aplicación efectiva Ley Nº 10.563 por la que se crea el Mecanismo Provincial de Prevención contra la Tortura, otros Tratos y Penas Crueles y Degradantes, ya que dicho instrumento es imprescindible para las garantías de los derechos humanos”.
En ese momento, hace un año atrás, se había avanzado a tal punto que fueron propuestos para integrar el organismo: Lucía Tejera, propuesta por UADER; Gretel Ana Schneider, por UNER; Elías González, Berdesegar, por Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú; José Enrique Morales, por Asociación Pensamiento Penal; Emiliano Tomé Piérola, por Asociación Civil H.I.J.O.S.; José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Javier Boeykens, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Jorge Cura y Sebastián Etchevehere, Foro de Políticas Públicas de Entre Ríos.
El Comité: que dice la Ley
El objeto de la ley N° 10.563 es garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de las personas privadas de su libertad.
“El Comité Provincial como órgano integrante del Mecanismo viene a cumplir funciones para identificar y disminuir riesgos sistémicos en los lugares de privación de la libertad, haciendo eje en la prevención de situaciones injustas en comisarías, cárceles y alcaldías, promoviendo y orientando la conducta del Estado y sus funcionarios que respeten y garanticen la vida y la integridad de quienes se encuentran privadas de la libertad.
El Comité estará integrado por siete miembros que serán remunerados integrados de la siguiente manera: a) Tres miembros a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil que avalen honorabilidad e integridad ética socialmente reconocida, trayectoria y destacada conducta en el fortalecimiento de los valores, principios y prácticas democráticos. Uno de ellos deberá representar a las universidades estatales que se encuentren en el territorio provincial; b) Tres miembros a propuesta del Poder Legislativo Provincial. Uno a propuesta por la mayoría y otro por la primera minoría de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos y uno a propuesta de la mayoría del Senado Provincial y c) Un miembro a propuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos o el organismo del Poder Ejecutivo que, en el futuro lo reemplace.
Entre las funciones que tiene el Comité se destacan la de “realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención de acuerdo con la definición prevista en el artículo 4° de la presente ley. Las visitas podrán ser de carácter regular o extraordinario y sin previo aviso y con acceso irrestricto a todo el espacio edilicio, acompañados por personas idóneas elegidas por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura”.
Y la de “crear, implementar y coordinar el funcionamiento del Registro Provincial de casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de un Registro Provincial de Acciones Judiciales de Hábeas Corpus motivadas en el agravamiento de condiciones de detención, en consonancia con los criterios de los Registros Nacionales para ambas situaciones”.
Además puede “promover medidas y acciones judiciales de manera urgente para la protección de personas privadas de la libertad cuando en el marca de una visita o de una denuncia se advierta una situación de tortura, tratos o penas inhumanos o degradantes”.
También pueden “realizar entrevistas y mantener comunicación personal, confidencial, en privado y sin testigos con cualquier persona privada de su libertad; con sus familiares, médicos, psiquiatras, psicólogos u otros profesionales de la salud que desempeñen sus funciones en un establecimiento en el que se alojen personas privadas de su libertad, así como con cualquier miembro integrante o personal de los centros de detención bajo competencia del Mecanismo Provincial”.
El tema recobró actualidad este mes tras un comunicado de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) donde se alertó por el aumento de la violencia policial en las calles. En el mismo, solicitó a la Procuración General que adopte medidas al respecto.
Y la visita de una delegación de jueces, abogados y funcionarios del pabellón central, baños, duchas y celdas de la planta baja y primer piso de la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú. Según el informe que se elaboró al finalizar, había en ese momento 16 personas detenidas, que contaban con un solo baño y una sola ducha para todos. Los demás sanitarios se encuentran tapados o en desuso. Respecto al clima, todas las ventanas, del pabellón central y celdas de encierro, se encuentran sin cerramiento, lo que implica el ingreso de viento frío, de agua cuando llueve y el sometimiento constante a bajas temperaturas.
