La delegación corresponde a la Oficina del Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia (CAO, por sus siglas en inglés) de la CFI y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), ambos pertenecientes al grupo del Banco Mundial. Los técnicos que estarán hoy son Amar Inamdar, británico, número dos de la ombudsman Meg Taylor; Manuel Rodríguez, colombiano, ingeniero, economista, docente, especializado en políticas medioambientales y ex ministro de Medio Ambiente de su país, y Ximena Gamboa Durand, francesa-ecuatoriana, consultora de la CFI y especialista en medio ambiente.
Finalmente la CAO pidió que la CFI ofrezca un mapa claro a los afectados sobre los impactos de estos proyectos, y contemple las obligaciones de ambos países ante tratados y acuerdos internacionales sobre cuestiones ambientales.
Otra novedad consistió en que la auditoría del CFI no será realizada por la consultora chilena que preside Guillermo Madariaga, quien fue muy cuestionado por adelantar su opinión. En cambio, el relevamiento estará a cargo de universidades de Estados Unidos.
En tanto, se confirmó que entre el jueves 17 y el lunes 21 estarán en Gualeguaychú autoridades de la CFI que vendrán para realizar un estudio de los impactos ambientales transfronterizos, que ha sido una demanda constante de la Asamblea Ambiental.
Según la asesora del gobierno de Entre Ríos, Romina Picolotti, las empresas solicitaron un crédito de 200 millones de dólares cada una, y pidieron garantías de inversión ante la OMGI. “Lo que se controlará es si la CFI, desde que las empresas solicitaron el crédito, se ha conducido de una manera diligente y se ha cumplido con todas las políticas de salvaguarda”, dijo Picolotti, que además afirmó: “Desde el primer momento sostuvimos que hay irregularidades e incumplimiento de las políticas de salvaguarda del banco”.
Lo importante de esta etapa es que no sólo está en juego el préstamo por 400 millones de dólares, sino los llamados Principios de Ecuador, a los que han adherido la mayoría de los bancos del mundo. “Los principios indican que esas bancas se van a guiar por las políticas de salvaguarda de la CFI; si ésta decide no otorgar los créditos o corregir ciertas irregularidades, esas entidades financieras deberán tomar la misma actitud que la corporación”, afirmó Picolotti.
