Rimasa, de 70 años, aseguró que su casa no tiene reparación sino que sólo queda demoler y levantarla de nuevo. No obstante, aseguró que el fallo de la Justicia le otorga una indemnización ínfima. “Es vergonzoso nombrarlo”, señaló. Y explicó que no fue contemplado el daño psicológico, moral y el lucro cesante.
El vecino del arroyo Concordia estudió tres años en distintas bibliotecas la elaboración de diversos cosméticos capilares, faciales, para estrías, celulitis y antiarrugas. Comenzó en 1999, primero con una “churrera” y luego reunió el dinero suficiente para una máquina de acero inoxidable, con capacidad de 1000 potes de 50 gramos. “La pude usar un par de veces nada más”, expresó. Trabajó once meses de manera provisoria. Cuando en 2000 obtuvo el certificado definitivo de la municipalidad, llegaron al barrio las máquinas de la empresa constructora y las vibraciones comenzaron a sacudir la casa.
Lo primero que observó fue la rajadura de un vidrio del dormitorio. El cristal partido aún permanece en la ventana. “Se los hice notar a los encargados”, manifestó. La obra siguió adelante y los deterioros también. Comenzaron las fisuras en las paredes que con el correr de los años se fueron extendiendo al punto que en algunas se puede observar luz proveniente de la habitación contigua.
En 2001, el ingeniero Luis Arrarte marcó con lápiz las fechas en las fisuras. Pasó una década y la marca “9-03-01” aún se pueden leer en las paredes. “Fijese si ha pasado agua bajo el puente, intendentes, funcionarios…”. No sólo las fisuras se transformaron en grietas sino que los muebles se fueron rompiendo, se hundió parte del piso, una hendidura corre por entre los azulejos del baño y los marcos de puertas y ventanas se salieron de escuadra. Hay manchas de humedad en el cielorraso porque las chapas del techo no quedaron indemnes.
Durante la construcción, una pala cargadora quedó empantanada detrás de la casa. Un camión volcador intentó remolcarla sin suerte, luego otro que tampoco pudo. “Tuvo que venir una retro (excavadora) grande y recién desde el pavimento pudieron después de 40 minutos”, señaló. Eran cuatro máquinas empujando al máximo de su fuerza a dos metros de la casa.
El laboratorio fue dado de baja al poco tiempo. “Por razones de higiene, no podía hacer ese tipo de productos”, indicó. Es que las aguas servidas y los olores que salían de la obra rodeaban la casa. Además, comenzó a reclamar por el progresivo deterioro de su vivienda. “Luchaba con la municipalidad, con la empresa, con la provincia”, dijo.
Una noche, cerca de las 22:30, al constatar que la puerta que da al patio no cerraba, se fue a la casa del ex intendente Hernán Orduna, quien vivía a la vuelta. Esa noche no estaba pero al día siguiente Orduna fue hasta la casa. “Tomó mate con nosotros y dijo que esto se iba a arreglar”, indicó. Le pidieron dos presupuestos para alquilar otra vivienda mientras se reparaba la suya. “Cuando fui al cabo de dos o tres meses a ver que pasaba, me dijeron que por falta de presupuesto no me podían alquilar la casa. Si no podía alquilar, menos arreglar ésta”, recordó.
En esa situación, optó por acudir a la Cafesg. Dialogó con la interventora en aquel entonces, Susana Paoli. “Me contestó: ‘quédese tranquilo que yo no me voy a lavar las manos’”. Pero tampoco hubo respuesta alguna. “Pusieron dos o tres llaves en el frente de la casa que está todas rajadas porque la casa sigue moviéndose, rompiéndose”, indicó.
Una estimación de la reparación de los daños provocados a la vivienda, en 2004, realizada por un perito arquitecto redondeaba los $ 113.000. El vecino acudió a Tribunales y denunció al municipio, la Supce y Eleuterio Pitón SA, la empresa constructora. En primera instancia obtuvo una sentencia adversa. Pero el abogado apeló y en segunda instancia salió a favor. No obstante, la cifra que obtuvo como resarcimiento en la Justicia, varios años después, es bastante inferior a la presupuestada en 2004. “No quiero ni mencionarla porque siento vergüenza ajena”, dijo.
Además no se contempla los gastos de mudanza. “Tendríamos que dormir atrás, en el paseo, con una lona, sacar los muebles”, indicó. Y no se contempla el daño psicológico. La esposa, María, es peluquera. Desde que comenzaron los padecimientos padece problemas nerviosos, depresión y tristeza. En la mesada de la cocina hay cajas de medicamentos de diferentes marcas. “Estamos permanentemente medicados”, indicó.
Según contó, en 1999 el intendente de San Jaime de la Frontera en aquel entonces lo invitó a que se radicase allí con su laboratorio. “Me ofreció una manzana de tierra gratis, con título, y durante 10 años me eximía de impuestos”, recordó. Pero Rimasa estaba ahorrando para comprar un terreno y establecerse en Concordia por razones de mercado. “A esos ahorros lo fuimos comiendo hasta 2003”, indicó. Desde ese año hasta mediados de 2005, momento en que obtuvo la jubilación (fue camionero por 20 años): “dos y hasta tres veces por semana nuestro almuerzo y cena era arroz con leche”.
“Me arruinaron, nos destrozaron la vida y nos quieren arreglar con monedas”, indicó. El abogado defensor los aconsejó de iniciar otro juicio por los daños psicológico, moral y el lucro cesante. “¿Más años todavía?”, se preguntó. Si el proceso judicial tardó siete años, se preguntó cuanto más debía esperar. “Es imposible. No estamos muriendo día a día. Que me lo lleven al crematorio”, manifestó.
