“Las casas de juego; como simple complemento lúdico de cualquier oferta; nunca por sí solas serán palancas de un desarrollo sustentable del turismo como actividad económica. Pueden; además; ser muy bien gestionadas desde estamentos de gobierno con los beneficios para el estado.
Los proyectos privados que declara de interés el gobernador; vistos exclusivamente desde una perspectiva comercial como la hará cualquier inversor privado, terminará esquilmando a los entrerrianos con una fenomenal transferencia de dinero a manos privadas y con seguridad foráneos.
¿Quién pone en duda que el juego es un negocio de altísima rentabilidad y ningún riesgo? Si así no fuera no existiría la voracidad de algunos empresarios. No escatiman esfuerzos, dádivas y artilugios para quebrar a los gobiernos que sin un verdadero sentido social de la responsabilidad entregan esta mina de oro a sus intereses.
Los gobiernos, en el marco del alcance de sus responsabilidades, no deberían adoptar medidas que tengan profunda incidencia en la sociedad en el mediano y largo plazo; siendo la misma sociedad en su conjunto la que debería decidir sobre estos aspectos de profundo impacto social.
Las normas constitucionales les otorgan a los estados mecanismos de consulta; como el plebiscito; que bien podría ser utilizado en este campo. ¿Qué cuesta preguntarle a la comunidad y que esta se exprese? Hace a la democracia moderna.
Las medidas de privatización; impulsadas y defendidas en la década del 90 por los mismos que hoy gobiernan; dejaron fuertes consecuencias. Fueron realizadas con la misma voracidad y con mecanismos muy poco claros, como la que hoy promueve el Gobierno de Entre Ríos”.
