Políticos petardistas, podría ser el etiquetamiento de parte de la «clase política» del partido único; esta claro que ellos no avizoran y menos aún comprenden el legítimo interés que nos motiva para tomar tan drástica y profunda determinación.
La actual administración y su principal responsable V.E. el Dr. Jorge Pedro Busti decidió ni bien asumieron hacer «desaparecer la Fiscalía de Investigaciones Administrativas» y con ella también a sus empleados. Esa decisión se concretó en una ley. La leyes están para ser cumplidas, aún por V.E. (quien recordemos en su discurso luego de jurar dijo: «…vengo a ser esclavo de la ley…») y es la propia administración y quien la encabeza quien no la han cumplido.
Se trata concretamente del no pago de los rubros indemnizatorios de la totalidad del personal de la FIA en tiempo y forma. Más concretamente en el tiempo que la propia ley dispuso (se recalca que la ley en cuestión fue un proyecto del Poder Ejecutivo).
La falta de pago en tiempo propio o si quiere mas claro, en el propio tiempo que el P.E. dispuso que se tenía que pagar las indemnizaciones significa acá y en la China incumplimiento y perjuicio para el Estado.
A posteriori y luego de varios meses, el propio señor Gobernador dictó un decreto en donde no solo dispone el pago, sino también los intereses por el retraso en el pago en el tiempo que la propia ley establece.
Es decir que es el Gobierno quien se encuentra reconociendo su mora o retraso.
Si se hubiere pagado en tiempo propio no se habrían devengado intereses, o más concreto no estaríamos todos los entrerrianos obligados a tener que soportar que de las arcas del Estado Provincial – es decir de los impuestos que paga el pueblo—se tenga que hacer frente a esa obligación.
El monto estimado del pago de intereses ronda los $ 14.000,00.-
Será un delito el incumplimiento de esta ley; será inoperancia administrativa; será incapacidad política de cumplir con lo que se dice; será que es una costumbre «política» de esta gestión el no cumplir con lo que se dice a pesar que ello se plasme voluntariamente en una ley; o será que debemos demostrar poder y por ende hacer saber que se hace lo que se quiere y cuando se quiere? Cualquiera de las opciones son penosas e inaceptables en una República, pero comunes, lamentablementes comunes – cotidianas podríamos arriesgar a decir– en esta democracia mediocre o inexistente en la que los preclaros miembros del Partido Único vienen arracimándose desde hace veinte años a la fecha.
No cumplir lo que la ley manda no está bien y por ello pedimos a la Justicia que investigue; hacer incurrir al Estado Provincial en un gasto tampoco está bien y por ello recurrimos a la Justicia.
Resultaría importante que la señora Fiscal de Estado tome la intervención que le compete; ha demostrado honda preocupación en la causa de los $ 135 que se le sigue al Dr. Rovira, a punto de haber concurrido personalmente a la indagatoria; será esta causa motivo de su preocupación, porque la Constitución establece que su función es la defensa del patrimonio del Estado Provincial (art. 139 C.P.); es preocupante porque también ha sido abogada personal del Dr. Jorge Pedro Busti.
Mal que les pese a los políticos tradicionales no es petardismo, sino un intento de ubicar las cosas en su lugar, para evitar tanta confusión y salir de lugar común del «…que les vas a hacer, siempre ha sido igual…».
