Peñalver dijo que se trata de un hecho curioso debido a que todos los familiares de Carlos Gómez viven en Colonia Roca. “Llamativamente Prefectura no pudo individualizar a la víctima”, manifestó. Y agregó que quienes viven en los campos linderos conocen a Gómez. “Todo queda paralizado y el hecho es impune y no debería ser así. Estamos viviendo en el Siglo XXI y las fotos que se trajeron del lugar hablan por sí solas de cómo estaba reducido a la servidumbre”. El artículo 140° del Código Penal establece penas de entre 3 y 15 años para el delito mencionado.
El coordinador lamentó que no prosiga la investigación por una denuncia de reducción a la servidumbre, un delito que “atenta contra los derechos más elementales de un individuo”. Por ello, dijo que se requiere una respuesta del Estado en la tutela de esos derechos. “La política del Estado deja impune este tipo de delitos que son aberrantes”, opinó.
Según la denuncia efectuada a fines de julio de 2012 formulada por Trabajo, Gómez vivía hace 11 años en una “tapera” de un establecimiento rural perteneciente a José Luís Olivieri. El refugio “no tenía más de 1,20 metro por 1,50 de alto”. El refugio era de chapa y estaba recubierto de nylon. No tenía acceso al agua potable ni obviamente al servicio de cloacas. “No tenía absolutamente nada”, explicó Peñalver. Según alegó el dueño del campo el día de la inspección, en la casilla vivía él y Gómez le hacia changas. Lo llamaba, por ejemplo, cuando quería vacunar al ganado.
“El jueves nos hicimos presentes en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por orden del ministro. Tenemos una orden de hacer un seguimiento de las causas penales que en esta repartición se inician”, señaló Peñalver. “Tuvimos acceso al expediente, el Juzgado Federal ha tomado las medidas correspondientes en cuanto a individualizar al predio y a las condiciones en las que vive el trabajador”, agregó.
La denuncia originalmente la realizó en la sede tribunalicia local. “Actuó el fiscal (Darío) Mautone que con buen tino tomó las primeras medidas para proteger la prueba”, indicó. Posteriormente se declaró incompetente y envió la causa a Concepción del Uruguay debido a que se trata de un delito que ataña a la Justicia Federal.
Asimismo, el coordinador del ministerio de Trabajo dijo que “no basta” con el esfuerzo de la repartición de la que forma parte para que haya sanciones a quienes violan la ley sino que necesitan de “todos los organismos de Estado”.
A diferencia del rumbo de la causa en el Juzgado Federal, Peñalver aclaro que, junto al delegado del ministerio, Horacio Guattini, cuando tienen pruebas de la posible comisión de delitos dan intervención de inmediato a los fiscales locales. “En otras causas están en buen curso las investigaciones. Es para destacar que la justicia local investiga los delitos, tanto el fiscal Mautone como Mario Guerrero”, comparó.
