La causa se abrió por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en función de una publicación del diario La Nación, que relataba que el operador Meirelles, condenado en Brasil en el caso “Lava Jato”, reconoció la transferencia de casi 600.000 dólares a la cuenta de Arribas. Precisó que salieron de una cuenta bancaria en Hong Kong, que controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited. Brasil calificó a esa firma como una “fachada” para el pago de coimas, lavado de activos y evasión. Las transferencias fueron entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, la misma época en que cobró impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento, a cargo de un consorcio integrado por las empresas Odebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella. En varios dictámenes y en un informe que giró ayer a distintos juzgados que tienen causas vinculadas a Odebrecht, el fiscal Delgado insistió en la hipótesis de investigar coimas vinculadas con la obra del tren Sarmiento.
El periodista Hugo Alconada Mon declaró en la causa y entregó copias de los comprobantes de las transferencias a los que había tenido acceso. En base a ellos el juez citó como testigo a un subgerente del Banco Central, quien dijo que lo que podía ver en esos papeles no confirmaba la existencia de las transferencias, al menos con el sistema llamado “Swift”, que es el que afirmó conocer. Señaló que la única forma de confirmarlo es con un extracto certificado de la cuenta del beneficiario. Alconada hizo un relato pormenorizado de su recorrido en el chequeo de la información y contó que cuando se quiso comunicar con Arribas primero le respondió un emisario que afirmó: “toda la operación fue en negro”; después otro interlocutor le dijo que el primer era “un boludo y no estaba autorizado a decir que la operación era en negro”. O sea, ninguno la negaba, casi que peor. La última de las versiones admitía solo una transferencia por 70.000 dólares, lo que coincide con la versión que Arribas dio en el Congreso y también en tribunales. Alconada también declaró que dos funcionarios del actual gobierno le reconocieron que los 70.000 pudieron haber sido el pago de Odebrecht por “tareas de lobby”.
Las pistas que mostró el periodista quedaron por ahora al menos entre paréntesis. Otro elemento que tomó Canicoba Corral fue un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera, un organismo que hoy depende del Ministerio de Economía, que concluye que “sólo se habría procesado una (transferencia) de fecha 26 de septiembre de 2013, por un monto de 70.500 dólares, siendo que en la documentación aportada las restantes no figuran como procesadas”. Es evidente que también se basaron en las copias de las transferencias que aportó Alconada. Pero no hay información oficial, original, enviada por judicial y diplomática. De hecho, los exhortos que pidió Delgado no se concretaron. Tampoco la citación a Meirelles como testigo, que de hecho es quien aparece como la fuente de toda la información y quien reconoce en el proceso en Brasil supuestos pagos ilegales para empresarios y funcionarios argentinos. En otra de las causas donde se investiga a Odebrecht por la construcción de la Planta Potabilizardora Paraná de las Palmas, el juez Sebastián Casanello sí pidió que declaren Meirelles y su socio Alberto Youseff. Se podría hacer cara a cara o por videoconferencia.
Canicoba, en cambio, criticó al fiscal Delgado y dijo que pese a sus reiterados pedidos nunca precisó qué delito investigaban. Delgado había señalado sospechas sobre lavado, pero le planteó al juez que era imprescindible corroborar la existencia de las cinco transferencias. El juez cita fallos de la Cámara Federal que cuestionan el proceder del fiscal, como la causa de los Panamá Papers.
En su resolución Canicoba Corral no le da centralidad a Odebrecht, a pesar de que en esa empresa está el punto de partida de todo. Desde que empezó a colaborar con datos en 2008, tras su quiebre, y en un acuerdo en Estados Unidos reveló que se había comprometido a pagar sobornos para ganar un proyecto en la Argentina, y que entre 2011 y 2014 se habrían pagado cerca de 3,5 millones de dólares. Es que para el juez, el caso de Arribas ni siquiera debería ser investigado en la Argentina, ya que el jefe de la AFI vivía en Brasil. Se pretende, concluye, “investigar un hecho, sin apariencia de delito, acaecido en la República Federativa del Brasil, para lo cual el tribunal carece de jurisdicción, esto es, la potestad de decir el derecho”. Después que apele Delgado se verá si la Cámara Federal piensa lo mismo.
