El auditor que examinó y desnudó la crítica situación del Iosper fue el contador José Rubén Morel. El parrafo más importante destaca que: “la situación financiera del Ente provocará en el corto plazo un estado de cesación de pagos definitivo y de hecho dificultades serias en la prestación del servicio”. La nota deja constancias que al 7/04/2006, la deuda total de corto plazo era de $ 901.763, de los cuales $ 670.002 tienen orden de pago emitida y no cumplida. Como contrapartida, los recursos acumulados en cuentas bancarias no superan los $ 230.000.
Actualmente, el ente se financia con deudas provisionales -Iosper y Caja de Jubilaciones- y con deudas a proveedores como la Cooperativa Eléctrica y a Metanol, empresa de insumos para potabilización. A la Cooperativa Eléctrica le adeuda $ 465.624 por el período comprendido entre octubre/2005 y febrero/2006. La deuda con el Iosper va desde octubre/2005 a marzo/2006, y comprende $ 76.514. Con la Caja de Jubilaciones, la deuda es de $ 283.338, y corresponde a los meses comprendidos entre septiembre/2005 y marzo/2006.
La situación financiera del Ente, de por sí delicada, se dificulta aún más si se tiene en cuenta el alto porcentaje del gasto que se destina al personal. Luego de la recategorización, el porcentaje que corresponde al sueldo de los empleados alcanza al 67 %. Esto se traduce “en la falta de inversión en obras o en adquisiciones de bienes de capital”.
El déficit en Obras Sanitarias comenzó en los ejercicios 2004 y 2005. “En el ejercicio 2004, con una recaudación de $ 4.425.677, se imputaron gastos por $ 4.455.489, y en el ejercicio 2005 con una recaudación de $ 5.236.382 y se imputaron gastos por $ 5.949.962”, consigna el informe. Además, el déficit alcanza al primer trimestre de este año. Los gastos ascienden a $ 1.511.380, y la recaudación llega a $ 1.308.155. Pero, debido a ingresos extraordinarios y subsidios, los ingresos llegan a $ 1.941.512.
Recategorización y adicionales
Respecto de la recategorización del personal, el dictamen establece que “se aparta de las disposiciones de la Ordenanza citada en la que se dispuso la recategorización tanto del personal de la administración central del municipio como del Ente”. El auditor propuso poner en conocimiento de la situación al Concejo Deliberante. Entre las observaciones, consignó que “hay agentes que no estaban en condiciones de ser recategorizados se les asignó que las que les correspondía”. Incluso, menciona que quienes sí estaban en condiciones de recibir una mayor categoría, “se les asignó mayor categoría que la que correspondía”.
Morel destinó un apartado para los adicionales no remunerativos y horas extraordinarias abonadas. Al respecto, si bien no pudo analizar detenidamente este ítem, consignó que existe “una gran cantidad” y recomendó realizar un relevamiento a fin de determinar: “si existe norma que los establezca, si a pesar de existir norma no hay superposición de adicionales por un mismo concepto, si el agente al que se liquida un adicional reúne actualmente los requisitos de la norma y si el adicional se liquida conforme a la norma”.
Y solicitó un dictamen jurídico para los agentes Brítes, Ángel Raúl y Gil, Daniel Agustín. “Los mismos tienen funciones gremiales, no obstante lo cual se le siguen liquidando sus remuneraciones mensuales y han sido promocionados a mayor categoría”, expresa la nota.
Medidas urgentes
La auditoría externa fue solicitada por el nuevo presidente del Directorio, Jorge Sánchez, quien al asumir solicitó como primera medida la realización de la misma. Luego de tomar conocimiento de la situación, Sanchez dispuso: “cerrar el ejercicio con equilibrio financiero, disminuir la deuda y mejorar la calidad de los gastos y por ende la prestación de los servicios”.
