“Lo hemos discutido y charlado. Todo esto ayuda, el tema es que lo consideramos como un paliativo a la situación porque lo que hace en definitiva es extender la agonía de los sectores más comprometidos”, expresó el titular de la delegación provincial de Apyme, Manuel Gabás.
“Son medidas que alivian, pero no resuelven el tema de fondo que es generar demanda”, analizó al ser consultado sobre el proyecto que promueve el Ejecutivo nacional con dictamen de Diputados, que busca otorgarle beneficios fiscales a las pymes.
La iniciativa crea el Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para que efectúen inversiones productivas, que tienen que ver con bienes de capital u obras de infraestructura.
El dirigente dijo que no fueron convocados ni por el Gobierno nacional ni por los Legisladores para expresar su parecer en cuanto a esta iniciativa de ley: “Si se habla de diálogo, por qué no convoca a los sectores contemplados”, se quejó.
Asimismo precisó que según el rubro, hay sectores comerciales cuyas ventas han caído en promedio “hasta el 40 por ciento” desde diciembre pasado, y lo vinculó al “cambio de modelo”.
“Lo que hay que resolver es cómo se generan fuentes de trabajo para que haya demanda” reiteró sin dejar de señalar que hay pequeñas firmas que “van cerrando o van despidiendo gente”.
Gabás, en declaraciones a esta Agencia, comentó que fue a una feria de expositores de calzado y marroquinería dirigida a pequeños empresarios en Buenos Aires, donde se evidenció “muy poca asistencia de clientes” lo que “habla a las claras de que el comercio no quiere comprometerse a comprar mucho más por la incertidumbre reinante”, completó.
Otra norma en el Congreso fue elaborada por el diputado Julio Solanas (FPV-Entre Ríos) mencionada establece la declaración de emergencia del sector productivo conformado por las micros, pequeñas y medianas empresas. Esta declaración de emergencia comprende la suspensión de los aumentos de tarifas de luz y gas dispuestas durante el año 2016. La vigencia se extiende hasta el 30 de diciembre de 2018, y prevé la suspensión de las acciones administrativas y judiciales contra las Pymes por créditos, fiscales, de impuestos, deudas financieras, no financieras promovidas contra estas entidades.
