“Hoy en día lo que sucede es que la agroecología, una de las grandes dificultades que tiene, es que los campesinos e indígenas que son quienes los que llevan a cabo principalmente las tareas de agroecología no son dueños de su tierra. Tienen que arrendar, esos arrendamientos son por dos o tres años. Entonces no pueden planificar una sustentabilidad económica de sus emprendimientos”, indicó.
“Hacer un pozo de agua, algo mínimo, para riego en espacios que lo van a tener por dos o tres años, les consume toda la producción y les da pérdida. Entonces lo que piden que el Estado haga lo mismo que hace con el Procrear en lo urbano. Que lo haga en lo rural para poder tener un acceso más equitativo a la tierra”, expresó.
Por otra parte, remarcó que es posible producir a costos más bajos. “A $ 350 el kilo de yerba es algo que no se consigue en el mercado y desde nuestra perspectiva, la de los trabajadores de la tierra, entendemos que se debe comenzar a acordar con los productores y no con supermercados porque son los que te suben el precio”, indicó Scattone Moulins.
Ayer La Unión de Trabajadores de la Tierra comenzó un acampe de cuatro días frente al Congreso Nacional en reclamo de avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. El proyecto plantea la creación de créditos blandos –un Procrear Rural– para los productores y productoras de la agricultura familiar. Según los datos de la UTT, el 87 por ciento de las familias de agricultores tienen que arrendar las tierras en las que trabajan por no poder comprar una parcela propia. La situación, que los afecta como trabajadores, tiene consecuencias sobre toda la población, al encarecer los precios de los alimentos frescos. “Nosotros tenemos un cálculo: una familia, accediendo a la tierra, genera verduras para abastecer a 130 hogares. Es decir que esto tiene una repercusión directa en la calidad de lo comemos”, planteó al inicio de la jornada Rosalía Pellegrini, referenta de la organización, según Página 12.
En las redes sociales, Brote Nativo expresó que se vive “un momento donde la suba de precios no cesa y golpea a las poblaciones que cada vez están más empobrecidas, la comercialización de cercanía entre productores y consumidores agroecológicos muestra ser la salida. Los gobiernos municipales, provinciales y nacionales deben sentarse con productores trabajadores de la tierra y no con grandes empresarios de supermercados a trabajar precios de productos”.
“Que hoy nos hayamos quedado sin yerba en un lapso de dos horas también alerta: expresa la necesidad de un Estado que desarrolle políticas públicas claras para que el acceso a alimentos sanos sea un derecho y no un privilegio. El Estado tiene que dejar de negociar la góndola de ultraprocesados y pasar a posibilitar los alimentos sanos, seguros y soberanos”, añadieron.
