A fines de 2004, El gobierno de Néstor Kirchner lanzó el Programa Federal de Solidaridad Habitacional. El proyecto -que se realiza mediante la acción coordinada de distintos organismos de nivel nacional, provincial, municipal y de la sociedad civil- está orientado a resolver los problemas habitacionales, de empleo y producción, y cumplir simultáneamente con el objetivo de incorporar un 50% de la mano de obra, necesaria para la ejecución de las unidades, proveniente de los beneficiarios de los planes de Jefes y Jefas de Hogar como de la mano de obra actualmente desocupada no beneficiaria de planes asistenciales. Pretendiendo posibilitar así la inserción de esta fuerza laboral relegada al trabajo formal.
Pero no todo es un cuento de hadas, al menos, para los que sueñan con una vivienda sin chapas de cartón y cachetes costaneros:
El primer paquete de obras de 400 viviendas, que se construyen en el marco de este programa en Concordia, se inició en los primeros días de marzo del 2005 y debería haberse terminado por contrato en los primeros días del mes de enero del 2006. Dichas viviendas aún no fueron entregadas. Las causas se desconocen.
Para muchos conciudadanos que sueñan con la adjudicación de una vivienda de material -ya sea porque no pueden acceder a través de la compra o no pueden pagar los caros alquileres-, pedir justificación al IAPV por el atraso significa ser excluidos del listado de interesados.
DEBATE Y OPINIÓN pretendió obtener respuesta, de parte de los responsables del IAPV local, acerca de los motivos que pueden haber originado los incumplimientos de los plazos acordados en las licitaciones para la construcción de estas viviendas del Plan Federal de Solidaridad Habitacional; que han sido adjudicadas a empresas como Goñe, TARSA, Coco, Larroca, Correa y Codi, entre otros. Hasta ahora no sólo las explicaciones no aparecieron sino que ya ni siquiera han mostrado voluntad de atender a este medio.
De todas maneras se ha podido constatar que todas las viviendas de este Plan Federal de Solidaridad Habitacional en nuestra ciudad están muy atrasadas, tanto en la terminación como en el sorteo de las mismas. Es el caso, por ejemplo, de las 320 viviendas ubicadas en Paula Albarracín y las Vías y Padres Capuchino y La Pampa que en su momento no fueron terminadas en tiempo y forma, y las cuales aún hoy no han sido sorteadas. Con respecto a este caso puntual no se encontró justificación alguna. Quizás la excusa se encuentre en que no son los tiempos de la política para hacerlo.
La función que tiene el IAPV, no es sólo financiar una parte de este Plan Federal, sino controlar la ejecución de las obras. Controlar en el sentido amplio: calidad de obras, cumplimientos de los plazos, seguimientos de la construcción de las infraestructuras -que generalmente están a cargo de las mismas empresas- y realizar el sorteo con transparencia.
Es evidente que no se controla bien, que no se hacen respetar las normas y que no hay sanciones para las empresas incumplidoras de los contratos. Tampoco hay explicaciones públicas por parte de los organismos de control.
Cabe acotar que los contratistas de la primera etapa del Plan Habitacional, que son los mismos que tienen que llevar a cabo el segundo paquete de obras (los cuales ya están adjudicados), buscan siempre excusas para ampliar los tiempos de la etapa inicial. Sería interesante saber cuáles son las razones.
Algunas de estas firmas empezaron las obras de la segunda etapa recién en marzo de este año cuando debieron hacerlo en enero del corriente. Otras empresas, en cambio, se han negado a comenzar porque la provincia nos les habría pagado la parte proporcional de los adelantos de obras. La nación, por su parte, sí ha cumplido con el pago de la obra.
Acaso, ¿no parecen evasivas los justificativos de las empresas ya que en realidad no han podido cumplir en forma y término con la primera etapa?
Plan Emergencia Habitacional a través de Cooperativas de Trabajos
Por su parte, el Plan de Emergencia Habitacional a través de cooperativas de trabajo también tiene retrasos importantes.
Este Plan de 400 viviendas -con infraestructura incluida y un costo de $ 34.900 por morada- propicia la ayuda mutua comunitaria, además de activar el aporte de un ingreso para desocupados y beneficiarios de los Jefes de hogar.
El Plan se divide en dos etapas. En la primera instancia, el avance de obras está en un 90% cuando tenía que estar finalizada en noviembre pasado.
La segunda etapa aún no ha empezado, a pesar de que la iniciación de las viviendas debió tener lugar tres meses atrás.
La administración está a cargo de la Municipalidad y la auditoria la realiza la provincia, también a través del IAPV.
Los motivos del atraso se deberían a que, tanto el Estado Provincial como Municipal, no reconocen los mayores costos de construcción y también porque -según confió uno de los pocos funcionarios que accedió a hablar con Debate y Opinión- no están preparados, no tanto en lo técnico, como en lo social. Esto último se traduce en que son pocos los funcionarios para interaccionar con las cooperativas.
Esta situación irresponsable de quien tiene que hacer cumplir las normas es un perjuicio real a cientos de concordienses, así como también una contraposición a los lineamientos del Gobierno Nacional para paliar en el corto plazo el gran déficit habitacional existente.
Por más dinero que se invierta, si las entregas de las viviendas -acordadas por contrato en el término de diez meses- se realizan con estos atrasos considerables –que llegan a alcanzar los seis meses de retardo-, la demanda siempre va a superar el trabajo que se realiza.
Los inspectores IAPV que son responsables de controlar las obras, son eficientes si son acompañados en su rol por la jefatura. Es evidente que, sin respaldo de la Institución, el inspector de obra no puede hacer mucho para que las empresas cumplan con los deberes contractuales.
Alguien describió su responsabilidad empresarial como la acción de satisfacer y superar las expectativas de ambas partes involucradas, pero pareciera que a nuestras empresas constructoras poco le interesa la responsabilidad social. Entendida esta responsabilidad como la obligación de la empresa a contribuir con el bienestar social general, por encima de su rol en el mercado como proveedor de bienes y servicios.
Cabe señalar que, desde una perspectiva histórica, la vivienda en la Argentina ha formado parte del imaginario colectivo como una forma de ciudadanía en términos de integración a una cultura nacional. Desde la perspectiva política, el Estado siempre impulsó los planes de vivienda como parte de una orientación definida en términos de bienestar social. Las políticas de vivienda con criterio social fueron perennemente fundamentos del Estado de bienestar.
Sin embargo, los problemas de falta de viviendas en Argentina, y en Concordia en particular, van por lo general asociados a otros tipos de carencias y, en un contexto de pobreza enquistada como la nuestra, es sinónimo de exclusión; por eso la vivienda siempre tuvo como objetivo final en este país, la inclusión social.
