El sondeo realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) y publicado este domingo por el diario El Argentino revela que sólo un 25 por ciento de los encuestados está a favor del bloqueo que realiza la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú al puente que les une con la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde funciona la planta de la papelera UPM.
En tanto, un 59,9 por ciento de los encuestados aprobó la decisión del Gobierno argentino de recurrir a la Justicia para que ponga fin al bloqueo.
El 30 por ciento de los consultados, en tanto, tachó de «mala o muy mala» la resolución del Ejecutivo de denunciar civil y penalmente a los asambleístas que se niegan a levantar la medida de protesta.
La denuncia penal presentada por la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) contra los ecologistas abarca un abanico amplio de delitos, como entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito, entre otros.
El Gobierno argentino también presentó una denuncia civil contra los ambientalistas por los perjuicios económicos derivados del bloqueo del paso fronterizo.
El miércoles pasado, al anunciar la decisión de formular las denuncias, el Gobierno argentino alegó que, tras el fallo de La Haya, la protesta de Gualeguaychú impide que ambos países puedan iniciar controles conjuntos a la calidad de las aguas del río Uruguay, a la vera del cual funciona la planta, y que las relaciones bilaterales se recompongan.
Los ecologistas reaccionaron con rabia ante las denuncias judiciales y aseguraron que no desistirán de su protesta.
