Un sector del radicalismo impugna las elecciones abiertas y simultáneas

Las agrupaciones Corriente de Integración Radical, Propuesta Entrerriana y Recuperación Radical, resolvieron por unanimidad dirigirse al Comité Provincial de la UCR para que interpongan los recursos de inconstitucionalidad contra las disposiciones de la ley 9.659. El sistema de elecciones abiertas simultáneas obligatoriamente deberá ser adoptado por los partidos políticos.
Lo que persigue el planteo es que al menos y “siempre que los señores jueces observen su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución” se obtenga la “no aplicabilidad, por inconstitucional” de dos disposiciones de la norma provincial: la que permite a afiliados a un partido votar en las elecciones de candidatos de otra fuerza política distinta, y la que deroga el sistema de representación de mayorías y minorías que cada partido tenga establecido en su propia carta orgánica.
La iniciativa —de autoría del diputado justicialista Emilio Castrillón— se presentó a mediados de 2004 y, en los hechos, constituye el único avance que se produjo en materia de la tan mentada reforma política en su plano electoral. Obtuvo media sanción en Diputados a principios de 2005 y fue sorpresivamente sancionada por el Senado el 22 de noviembre del año pasado, luego de un pedido en ese sentido del Ejecutivo.
Para José Carlos Larghi (Recuperación Radical), el partido “debe buscar todas las vías posibles para obtener judicialmente la anulación de esta nefasta ley o por lo menos de sus aspectos más urticantes”.
Además de estas las dos cuestiones centrales impugnadas, se objeta la injerencia en la determinación de los tiempos políticos por parte de los partidos. “La época en que se ha de elegir candidatos queda librada a la conveniencia y necesidad del partido gobernante o, más claramente aún, a la de la fracción de éste adicta al Gobernador de turno, mientras las demás fuerzas políticas quedan impedidas de determinar cuál es la mejor época para que sus afiliados elijan quienes serán sus candidatos”, señaló Larghi.
Considera que la ley “avanza de una manera insólita en lo que son normas de organización interna de cada partido político”, cuando fija los porcentajes mínimos de adhesiones de afiliados y otras condiciones que deben reunir los candidatos o listas que deseen ser oficializadas en las internas.

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