La causa está a cargo de la jueza Myriam Galizzi para quien, “según las constancias arribadas a la causa, puede sostenerse razonablemente que se cuenta con una acreditación básica suficiente respecto de los hechos delictuosos sometidos a investigación, como para sustentar procedente la imputación y citación de Paúl Alberto Navone, requerida por el señor fiscal, bajo su eventual actuación en calidad de autor de los delitos denunciados e investigados”, sostuvo la jueza en el llamado a declaración indagatoria”, según el diario Uno.
LA ACUSACIÓN
Los hechos investigados están encuadrados en los artículos 139 inciso 2 (alteración de identidad de un menor) y 146 (sustracción de un menor del poder de sus padres), ambos del Código Penal. Navone está domiciliado en Calle Pública S/Nº de La Granja, provincia de Córdoba, y debe concurrir hoy “bajo apercibimiento de ordenarse su inmediata detención, en caso de no comparecer a la audiencia fijada sin causa debidamente justificada”.
Para tomar los recaudos correspondientes, Galizzi ya a principios de este mes libró oficio a la Policía Federal para que lo identifique en cinco juegos completos de fichas dactiloscópicas y efectúe un “informe de vida y costumbres”. También se estableció su estado patrimonial, con elementos de valoración para que se fijen honorarios, en caso de corresponder.
Se espera que Navone aporte datos sobre qué sucedió con los hijos mellizos de Raquel Negro –hoy desaparecida– ya que integró el grupo de tareas que la trajo desde Rosario a dar a luz en Paraná y permaneció con ella durante el cautiverio en la institución de avenida Ejército, según ya declaró el ex represor Eduardo Tucu Constanzo. Esos hechos ocurrieron en 1978.
Como se sabe, la versión de Constanzo es que uno de los bebés –el varón– nació muerto, pero esto se contradice con testimonios de ex trabajadores de una clínica de pediatría de Paraná, donde habrían ingresado los dos nenes. De todos modos, el varón padecía serios problemas de salud que le habrían causado la muerte a los pocos días.
Según el mismo relato, la niña fue dejada en la puerta de un convento u orfanato de Rosario, en una acción realizada por otros represores. Constanzo nombró a Walter Pagano, ex agente civil de Inteligencia del Ejército, y el teniente coronel retirado Daniel Amelong.
Se sostiene que todo este operativo, que terminó con el asesinato de Raquel Negro y la apropiación de sus hijos, fue coordinado por quienes eran en esos momentos los máximos jefes de la represión ilegal en la región: Leopoldo Fortunato Galtieri, Juan Carlos Ricardo Trimarco y Ramón Genaro Díaz Bessone.
Además, el traslado de Negro a Paraná para dar a luz se realizó en simultáneo con la Operación México, por la cual el marido de esa mujer, Tulio Tucho Valenzuela, también detenido en Rosario, debía viajar a México y asesinar a la cúpula de la organización Montoneros.
A pesar de que su mujer permanecía de rehén en manos de Galtieri y el resto de los represores, Valenzuela, una vez en México, desbarató la operación y denunció públicamente las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en los centros clandestinos de detención rosarinos. Valenzuela también está desaparecido.