Entre los fundamentos de la iniciativa, el legislador departamental recordó que “a raíz de la causa judicial conocida como `la causa de los cuadernos de las coimas’, que tramita el Dr. Claudio Bonadío, se tomó conocimiento, en los últimos días, que uno de los imputados arrepentidos en la causa denunció la participación de un importante número de empresas de todo el país, entre las cuales figuran cuatro empresas entrerrianas”. Por ello, dijo que busca evitar legalmente que esas empresas sigan manteniendo contratos de obra con el Estado.
Entre las modificaciones planteadas se agregan como imposibilitados para ser adjudicatarios de obras públicas: quienes hayan actuado como asesores contratados en la implementación del proyecto; los funcionarios públicos dependiente del área contratante; aquellos que tengan proceso concursal en trámite o quiebra; si se hubiere decretado dentro de los tres años calendarios anteriores la resolución por incumplimiento de su parte de un contrato celebrado con el Estado nacional; quienes haya recibido sanciones por violación a normas ambientales; los que adeuden obligaciones tributarias o intereses a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y los procesados por auto firme y los condenados por alguno de los delitos contra la administración pública, contra la fe pública y el orden económico y financiero del Código Penal de la Nación.
Mattiauda dijo que “debemos hacer todos los esfuerzos para que los pocos recursos lleguen a transformarse en obras concretas y no se pierdan en los laberintos del delito, como así también, debemos impedir que quienes hayan delinquido en complicidad con el Estado puedan seguir aumentando sus patrimonios con el dinero de los entrerrianos”, reflexionó.
Ayer se conoció la apelacion de Cristina Fernández de Kirchner a su procesamiento. La ex presidenta sostuvo que no existe ni una sola prueba en las más de 500 páginas del fallo de la causa de las fotocopias de los cuadernos que demuestre que ella recibió “pagos indebidos por parte de algún contratista del Estado o de cualquier otra persona”. Así lo planteó en la apelación a su procesamiento con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita que presentó ante la Sala I de la Cámara Federal. El escrito entregado a través de su abogado Carlos Beraldi, dice que la acusación es “poco seria” y “totalmente falsa”. Cuestiona la validez de las declaraciones de los arrepentidos, por ser tomadas bajo presión (y a cambio de recuperar la libertad) y marca contradicciones de esos relatos con fechas y montos que figuran en los cuadernos, según publicó Página 12.
