Asimismo, el proyecto propone establecer agravantes por discriminación para todos los delitos del Código Penal, lo que implica la posibilidad de que se aumenten las condenas en aquellos casos que se compruebe que el móvil para la comisión del delito sea de carácter discriminatorio.
Entre los principales aportes de la iniciativa, se encuentra la extensión de los pretextos discriminatorios, que se fundamenta en lo establecido por convenciones, tratados, legislaciones y fallos de carácter internacional sobre Derechos Humanos. De esta manera, la ley nacional de actos discriminatorios se adecuaría a la legislación internacional.
Además, el proyecto incorpora el principio pro-persona, es decir, que de existir ambigüedad de sentidos, debe prevalecer la interpretación que más favorezca la protección de los derechos y la dignidad de la persona afectada.
A su vez, el proyecto establece que pueda existir la intimación al cese entre las disposiciones de sentencias judiciales que sancionen actos discriminatorios. Esta disposición, que puede aplicar tanto para privados como para el Estado, tiene efectos significativos en la ley de contrato de trabajo porque implica que, por ejemplo, un empleado que haya sido despedido por discriminación pueda recuperar su puesto, más allá de la indemnización integral que pueda recibir por el daño que se le causó.
El proyecto retoma la propuesta de la Federación Argentina LGBT y de la Mesa Nacional por la Igualdad y tiene por objeto ampliar el espectro de lo que se definen como hechos discriminatorios y establecer cambios sustanciales respecto de la ley 23.592, que quedaría derogada.
Estarán presentes también Marcela Romero, presidenta de la Federación Argentina LGTB, y María Rachid, secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT.
